La diputada de Morena presentó una iniciativa para incluir los conceptos de interseccionalidad e interculturalidad en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Yucatán.

Por Redacción

Mérida, Yucatán 22 de octubre de 2025.- La diputada de Morena Clara Paola Rosales Montiel presentó una iniciativa de reforma que plantea que se implementen  políticas públicas y  mecanismos institucionales de atención a las mujeres víctimas de violencias, reconociendo las diferencias y desigualdades estructurales que enfrentan los diversos grupos de yucatecas.

Explicó que el objetivo es armonizar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Yucatán, con la Ley General vigente a nivel nacional, incluyendo los conceptos de interseccionalidad, interculturalidad, enfoque diferencial y debida diligencia en los artículos 2 y 4.

“No todas las mujeres viven la violencia de la misma forma. Una mujer mayahablante, una adolescente, una mujer trans, una mujer con discapacidad o una madre soltera, todas enfrentan barreras distintas. Por eso, las leyes y las instituciones deben reconocer esas realidades para garantizar justicia y atención efectiva”, sostuvo Clara Rosales desde la tribuna del Congreso del Estado.

Como ejemplo, dijo que una  joven maya que vive en una comunidad rural del sur del Estado puede enfrentar múltiples barreras al intentar denunciar violencia, pues no solo debe trasladarse largas distancias hasta el Ministerio Público, sino que muchas veces no hay personal que hable su lengua, no comprende los procedimientos legales y es revictimizada por prejuicios racistas o clasistas.

Otro caso puede ser el de una madre soltera que cuida sola a su hija con discapacidad. Cuando la niña sufre acoso en la escuela o maltrato en su entorno, la madre enfrenta enormes dificultades para acceder a la justicia o a servicios especializados.

En ese contexto, la legisladora explicó que al incorporar la interseccionalidad en la ley permitirá comprender cómo se cruzan distintos factores de desigualdad, como el origen étnico, la condición económica, la orientación sexual o la discapacidad, y cómo estos agravan las violencias. 

Por su parte, la interculturalidad busca que las autoridades actúen con respeto a la diversidad cultural y lingüística, garantizando que las mujeres indígenas puedan, por ejemplo, acceder a servicios y procesos judiciales en su lengua materna. 

El enfoque diferencial, añadió, implica que las políticas públicas deben diseñarse considerando las necesidades específicas de cada grupo de mujeres; mientras que la debida diligencia obliga a las instituciones del Estado a actuar con eficacia, prontitud y sensibilidad ante casos de violencia, evitando la impunidad institucional.