AMLO y Slim no podrán construir rieles, estaciones, ni los polos de desarrollo en el trecho que abarca de Escárcega a Calkiní, Campeche. Tampoco podrán  rellenar cenotes ni remover 800 hectáreas de vegetación.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 7 de diciembre de 2020.-Asociaciones civiles y colectivos de la Península de Yucatán que interpusieron una demanda de amparo en contra del Tren Maya, informaron que el Juzgado Primero de Distrito de Campeche dictó la suspensión definitiva de nuevas obras de este proyecto ferroviario en el tramo dos, que abarca de Escárcega a Calkiní.  

De tal forma, el Gobierno Federal no podrá construir rieles, estaciones, ni los polos de desarrollo en este trecho. Tampoco podrá  rellenar cenotes ni remover 800 hectáreas de vegetación, acciones que estaban contempladas en el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

“La ponderación de por qué la jueza otorgó como medida cautelar la suspensión definitiva tiene que ver con que hay argumentos suficientes para considerar que, de continuar con las obras, se podría generar un daño irreparable al medioambiente”, explicó Xavier Martínez Esponda, director operativo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

En rueda de prensa virtual, recordó que agrupaciones de la sociedad civil y personas indígenas de la Península interpusieron la demanda de amparo desde julio pasado, porque el Gobierno Federal, la Presidencia de la República y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), violan su derecho a un medioambiente sano con esta obra.  

“El Tren Maya fragmentará los ecosistemas que hoy existen en la Península de Yucatán, principalmente los corredores biológicos y las áreas naturales protegidas. Estamos hablando de un espacio vital de múltiples ecosistemas para la biodiversidad emblemática, como es el caso del jaguar,  además de que éstos son proveedores de servicios ambientales indispensables para la vida y para combatir el cambio climático”, expuso.

Martínez Esponda hizo un llamado a las autoridades federales a cumplir con la suspensión definitiva y de abstenerse a construir nuevas obras en el trayecto de 236 kilómetros, que va de Escárcega a Calkiní, Campeche. 

Como se sabe, el tramo dos está a cargo de Grupo Carso, consorcio del empresario Carlos Slim, y tendrá un costo de 18 mil 500 millones de pesos. Apenas en junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo de inicio de su construcción  y supuestamente se concluiría en 28 meses.

Por cierto, en la rueda de prensa, Genomelín López Velázquez, integrante del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, recordó la lucha que iniciaron para impedir que el Tren Maya cause daños a la reserva de Calakmul, y dijo que temen que la obra deje sin agua a 84 comunidades mayas para favorecer a los turistas que se instalen en los polos de desarrollo.

Mientras tanto, Lourdes Ganso Rivera, representante de la agrupación Tres Barrios de Campeche, señaló que el ferrocarril afectará las viviendas de 430 familias y que dividirá a la ciudad, causando impacto a la movilidad urbana. Además, dijo que para ampliar las vías y por las vibraciones del tren, se puede desgastar el cerro de Bellavista. (Foto de Robin Canul)