La activista María Eugenia Núñez cuestionó que “intereses oscuros o negocios” hay detrás de su nombramiento.

Dejó entrever que el exgobernador Vila sigue insistiendo en que ocupe puestos en el Poder Judicial, a pesar de sus antecedentes de violencia.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 29 de agosto de 2025.- Activistas feministas presentaron 11 demandas de amparo en contra del nombramiento del todavía magistrado Luis Armando Mendoza Casanova como juez de primera instancia, pues aseguran que no cumple la Ley 3 de 3 contra la violencia de género y porque dicha designación violó la Ley Orgánica del Poder Judicial de Yucatán.

En rueda de prensa, la presidenta de la asociación Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva (Amisy), María Eugenia Núñez Zapata, manifestó que están profundamente indignadas ante la insistencia de intereses extralegales para que dicha persona siga ocupando esos espacios en el sistema de impartición de justicia.

De hecho, dejó entrever que el nombramiento de Mendoza Casanova obedece a intereses del exgobernador panista Mauricio Vila Dosal, porque durante su administración permitió que sea Consejero de la Judicatura y magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, y ahora habría presionado para que regrese como juez penal. Dijo que no queda claro qué “intereses oscuros o negocios” hay detrás.

“En la historia está explícito quién insiste para que esté allá. ¿Qué intereses va a defender como juez? A la sociedad, definitivamente no”, sostuvo.

Sobre las demandas de amparo, agregó que 10 fueron presentadas tanto por activistas como por la exgobernadora Dulce María Sauri Riancho, y una más por la asociación civil Centro de Apoyo Solidario, Documentación y Estudios, que preside Bertha Elena Munguía Gil.

Las otras demandantes son la propia María Eugenia,  Lourdes Castillo Mirada, Layda Rodríguez Torres, Adelaida Salas Salazar, Rita Farjat Vázquez, Beatriz Zoreda Gamboa, Ana Laura Lores Castillo, Marisol González Barrera y Ligia Vera Gamboa.

La estrategia es que las demandas se distribuyan en todos los Juzgados de Distrito de Mérida, para que en breve se dicte la suspensión como medida cautelar y no pueda asumir el cargo como juez de control. En ese sentido, María Eugenia Núñez hizo un llamado a los jueces federales a impedir su designación.

Recordó que hace unos meses, el Congreso del Estado desechó a Mendoza de la lista de candidatos de la elección judicial pasada, precisamente por sus antecedentes de violencia contra las mujeres, por lo que no entienden por qué ahora el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial lo regresó al servicio público y lo nombró como juez.

“Y eso lo sabe el anterior gobernador, lo saben bien los magistrados, por eso nos resulta una interrogante sobre cuál es el  interés que lo promueven con tanta firmeza”, expresó.

Abundó que uno de los puntos de las demandas es que en diciembre del 2023, Mendoza Casanova renunció a su cargo como consejero de la Judicatura para asumir el puesto de magistrado del Tribunal Superior, por lo que se cumple con una de las causales de separación de la carrera judicial establecido en el artículo 32 de la Ley Orgánica.

Es decir, con esa renuncia al cargo, imperativamente  queda sin efectos su nombramiento, así como la pérdida de derechos inherentes al cargo, por lo que no debió ser nombrado juez.

Por cierto, en la rueda de prensa, María Eugenia criticó que la todavía presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, María Carolina Canto Valdés, votó a favor del nombramiento de Mendoza, así como lo hicieron los otros dos consejeros Álvaro Juanes Laviada y Claudia Ileana Pedrero Irabien.

De igual manera, declaró sentirse orgullosa de que los otros integrantes del Consejo de la Judicatura, María Ely Farfán Flores y Niger Pool Cab, tuvieron la ética jurídica de oponerse al nombramiento.

Cabe mencionar que en la rueda de prensa, Lourdes Castillo y Bertha Elena Munguía cuestionaron qué esperan las mujeres víctimas de violencia cuando, luego de un largo de camino para obtener justicia, se encuentren con un juez acusado de violencia de género.