Por Claudia Arriaga

Mérida, Yucatán, 29 de diciembre 2020.- En el 2019, el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY) determinó que no hubo denuncias por violencia política en razón de género, ya que supuestamente ninguno de los juicios promovidos cubrió las características. Pero en este año la situación fue distinta y procedieron las demandas en contra de los alcaldes de Kanasín y de Maní.

El magistrado presidente Fernando Javier Bolio Vales dijo en entrevista que en su momento no se configuró casos de violencia política de género en Yucatán “y ahorita solo hay uno en proceso”.

Y es que en este 2020 se desarrollaron dos juicios de protección para los derechos políticos-electorales (JDC) por violencia política en razón de género, que fueron presentadas por regidoras.

Llama la atención que uno fue interpuesto en noviembre del 2019, pero en marzo de este año el Tribunal desechó la ampliación de la demanda. Para llegar a ser admitida, la afectada tuvo que impugnar ante Tribunal Electoral del Poder Judicial de La Federación (TEPJF) con sede en Xalapa.

Se trata de la denuncia que inició la síndica del Ayuntamiento de Kanasín, Flor de Liz Xóchitl Delgado Caballero en contra del alcalde priísta William Román Pérez Cabrera y el tesorero, Jorge Armando Quijano Roca.

“Ya se han hecho dos impugnaciones ante el Tribunal Electoral Federal porque mi primera denuncia no lo quisieron aceptar como violencia en razón de género. El TEEY resolvió que no había violencia política y nos fuimos a Xalapa; y la segunda porque querían dar por cumplida la sentencia y volvimos a ir a Xalapa. Ahora estamos esperando un nuevo fallo del Tribunal Electoral del Estado”, detalló la síndico.

Entre los hechos que denunció ser víctima, y que están asentados en el expediente JDC-030/2019, figuran la reducción del salario, omisión de proporcionar actas de cabildo y la reiterada obstaculización para el desempeño de sus labores.

A pesar de que el 15 de julio el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán aprobó, en sesión privada, los medios de impugnación,  la violencia continúa.

“Siguen ejerciendo violencia política en mi contra, estoy solicitando toda la documentación que respalda la cuenta pública como facturas y la lista proveedores y hasta el día de hoy no me lo entregan. Además, no toman en cuenta las propuestas que he hecho en cabildo por escrito al alcalde y a todos los regidores”, enfatizó.

Las sanciones para quienes ejerzan violencia política por razones de género que el TEPJF impone varían y puede ir desde una multa, amonestación pública hasta la declaración de nulidad de una elección.

En el caso de Yucatán, el TEEY únicamente los exhortó a entregar los documentos solicitados. “Se les dice y culmina a las personas para que cumplan lo estipulado en entregar las copias y cumplan las sentencias”, reconoció el magistrado presidente Bolio Vales.

El segundo caso que resolvió el Tribunal fue interpuesto por la síndico de Maní, Blanca Carolina Vázquez Bacab, y responsabiliza de los agravios al presidente municipal Arón Interian Bojórquez y al secretario municipal Manuel Antonio López.

El asunto fue resuelto el pasado 4 de septiembre durante una sesión privada y está asentado en el expediente JDC. -001/2020. En las acusaciones, Blanca manifestó el retraso injustificado de su salario, falta de herramientas, agresiones verbales y falta de atención a sus solicitudes.