La fábrica de 42 mil cerdos ubicada en Santa Maria Chi presentó un permiso de descargas de aguas residuales a nombre de otra razón social, contraviniendo lo estipulado en la Ley de Aguas Nacionales, por lo que fue clausurada temporalmente.

Por Paloma Reyes

Mérida, Yucatán, 25 de abril de 2025.-La Procuraduria Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó este viernes que impuso una clausura total temporal a la megagranja porcícola de Santa María Chi que opera la empresa Pecuaria Peninsular por descargar aguas residuales sin contar con el permiso de descarga correspondiente.

Como hemos documentado en Haz Ruido, las y los pobladores de esta comisaría maya de  Mérida enfrentan desde hace un par de años una batalla legal con esta fábrica de 42 mil cerdos que es propiedad de Pecuaria Peninsular S.P.R de R.L de C.V., Chumoxil, S.A de C.V. y Grupo Porcícola San Gerardo, ya que en reiteradas ocasiones han denunciado que opera sin los permisos correspondientes y genera un severo daño al agua, aire y suelo.

Al respecto, la Profepa detalló este vienes que se impuso la clausura temporal debido a que la empresa exhibió un Permiso de Descarga de Aguas Residuales a nombre de otra razón social, lo que contraviene los artículos 88 y 88 Bis fracción I de la Ley de Aguas Nacionales.

En dicha Ley, se estipula que cualquier persona que realice descarga de aguas residuales debe contar con el permiso emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), situación que en el caso de esta megagranja no ha ocurrido.

Además de la clausura, la Procuradoría solicitó a la empresa, presentar el debido permiso de la Conagua para verter en forma permanente o intermitente aguas residuales, tal y como lo establecen la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 

Cabe señalar que con esta clausura de la megagranja de cerdos Pecuaria Peninsular, la empresa no podrá incrementar el número de ejemplares que reporte en existencia.  

“La operación de esta mega granja sin permiso de descarga de aguas infringe la ley y representa una amenaza permanente de contaminación para el suelo, los cuerpos de agua, la atmósfera y una amenaza para la salud humana de la comunidad que colinda con esta instalación. La Profepa continuará verificando la forma en que operan este tipo de empresas y tomando las medidas necesarias para que cumplan la ley y no pongan en riesgo el medio ambiente y la salud de las comunidades vecinas”, declaró la procuradora Mariana Boy Tamborrell.