Habitantes de 21 comunidades de Yucatán, Campeche y Quintana Roo presentaron una denuncia popular de carácter regional ante autoridades ambientales federales, pues las granjas contaminan el agua, el medioambiente, violan sus derechos y ponen en riesgo su salud.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán 5 de noviembre de 2020.-Habitantes de 21 pueblos mayas de Yucatán, Campeche y Quintana Roo presentaron una denuncia popular de carácter regional ante autoridades ambientales federales, para frenar la contaminación que está provocando la industria porcícola en la península, y también para que no se vuelvan a violar sus derechos humanos.

Las pobladoras y los pobladores decidieron unirse y organizarse porque, desde hace años,  las granjas de cerdos contaminan el agua y el medioambiente, ponen en riesgo su salud, provocan problemas territoriales y se instalaron en sus comunidades sin que se realicen consultas públicas indígenas.

Las asociaciones civiles Indignación, Misioneros AC-Guardianes de las Semillas, Greenpeace México y Artículo- 19, acompañaron jurídicamente a 52 habitantes de 21 comunidades mayas para interponer la denuncia popular en la capital del país, ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Una de las premisas de este recurso, es que las granjas causan afectaciones ambientales en el agua de los cenotes y, por lo tanto, al acuífero de la península de Yucatán.

“Las autoridades ambientales tendrán que revisar la situación, considerando que es un tema regional, no un problema aislado, y que en cuestiones ambientales los impactos se van acumulando. Nuestra única fuente de agua es el acuífero subterráneo y todo el problema de contaminación de la industria porcícola está cayendo ahí”, recalcó Lourdes Medina Carrillo, abogada de Indignación.

En rueda de prensa, explicó que la intención es que las mencionadas autoridades investiguen  todas las ilegalidades cometidas por las empresas productoras de carne de cerdo, como es el caso de Kekén, que ha construido decenas de granjas en toda la región, las cuales vierten aguas residuales al suelo yucateco.

Pero también, que investiguen a los ayuntamientos que les otorgaron permisos de construcción y de cambio de uso de suelo; a la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán que entregó arbitrarios Manifiestos de Impacto Ambiental (MIA); y a las dependencias federales que les autorizaron que extraigan grandes cantidades de agua y que descarguen aguas residuales de manera irregular.

Medina Carrillo dijo que esperan que proceda la denuncia regional para que las autoridades ambientales clausuren definitivamente  las  instalaciones porcícolas que no cumplan con la legislación mexicana, o que no vuelvan a otorgar permisos de operación de granjas hasta que se revierta el daño ambiental. En ese sentido, recordó que hace poco la Semarnat le canceló permisos a seis de Kekén.

Agregó que la denuncia popular está sustentada científicamente, con  estudios técnicos sobre el cambio de uso de suelo; pruebas de laboratorio sobre la afectación del agua  de los cenotes y pozos; y de cómo se violentaron derechos humanos al no realizarse consultas previas, libres, informadas y culturalmente adecuadas a los pueblos mayas, en cuyo territorio se construyeron las granjas.

La abogada de Indignación señaló que en caso de que la Semarnat, la Conagua y la Profepa corroboren en sus investigaciones que la industria porcícola cometió delitos ambientales, estarán obligadas a notificar a la Fiscalía General de la República (FGR) para el deslinde de responsabilidades civiles, administrativas o penales.  

Contaminan sus cenotes

 En su turno, Guadalupe de Jesús Chan Poot, habitante de la comunidad de Tabi, relató que viven entre dos granjas de cerdos, instaladas en los municipios de Sotuta y Yaxcabá, las cuales contaminan sus cenotes.

“Y por eso ya no podemos usar el agua para beber, ni bañarse, tampoco para cocinar, está todo contaminando”, reveló.

Agregó que para seguir creciendo, las granjas destruyen árboles y acaban con el monte, es decir, invaden sus territorios.  

Por su parte, Carlos Raúl Llamá Ventura, poblador de  Kinchil, relató que Kekén llegó a su comunidad con la intención de despojarlos de sus tierras y de sus formas de vida, por lo que exigen justicia.

“Pudimos tomar las armas para defender nuestras tierras, como hicieron nuestros abuelos, pero preferimos la vía legal. Lamentablemente, los operadores de justicia dejan mucho qué desear, porque no resuelven a nuestro favor… claro, sabemos que llegan a esos puestos por intereses políticos”, comentó.

En la rueda de prensa, se recordó que las afectaciones ambientales provocadas por la industria porcícola están documentadas en el estudio “La carne que consume al plantea” , elaborado por Greenpeace México. Este documento arrojó que el 90 por ciento de las granjas de cerdos establecidas en Yucatán no cuentan con permisos de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).