El senador yucateco se manifestó a favor de las reformas al Código Penal Federal en materia de cohabitación forzada contra menores, en las cuales se plantean penas de hasta 15 años en prisión.

Por Redacción

Ciudad de México, 16 de marzo de 2023.-Para proteger a las infancias y darles la oportunidad de crecer y desarrollarse sin que vean coartadas sus libertades, el senador por Yucatán, Jorge Carlos Ramírez Marín se sumó a la iniciativa que busca reformar el Código Penal Federal para evitar tanto los matrimonios como la cohabitación forzada entre menores de edad.

En su discurso en la máxima tribuna desde el Senado de la República, expresó que este es un flagelo que no es exclusivo de México, pero que en el país “los avances son todavía menores” por lo que se requiere redoblar esfuerzos.

“Cada año 12 millones de menores de edad son obligadas a contraer matrimonio o unirse a otra persona contra su voluntad, es una cifra aterradora”, enfatizó el legislador.

Cabe señalar que con estas reformas se plantean penas que van de 8 a 15 años de prisión y una sanción económica que va de mil a dos mil 500 días multa.

“No es posible que en un mundo donde presumimos los avances tecnológicos como los de aplicaciones que pueden pensar por nosotros, en ese mismo mundo millones de personas tengan que ser obligadas a unir sus vidas, especialmente si se trata de nuestras niñas y adolescentes”, agregó.

De acuerdo con las cifras presentadas, del total de mujeres entre los 20 y 24 años que viven en unión libre o en matrimonio, el 26% comenzaron estas uniones antes de los 18 años, es decir, la mayoría de edad.

“Esto conlleva a un impacto en sus vidas enorme, desde el aspecto económico, educación y salud y mucho más. El resultado en muchas ocasiones es violencia, abuso, maternidades tempranas, precariedad, dependencia económica y deserción escolar, entre muchas otras”, puntualizó Ramírez Marín.

Finalmente, el senador hizo un exhorto para que estas leyes que se construyen desde las distintas cámaras encuentren respaldo en las autoridades locales, es decir, que sean quienes gobiernan en cada entidad los responsables de hacer valer los derechos de las niñas y adolescentes a tener una vida libre de violencia.

“Esto no ocurre en el espacio, pasa en entidades federativas que tienen una autoridad local que se llama presidente municipal y una autoridad que se llama gobernador, a ellos tiene que dirigirse el llamado del Senado para que no solamente exista una ley, sino que hagamos que se cumpla estrictamente”.