Con la reforma presentada por el PRI se pondrá freno a quienes pervierten el mercado inmobiliario en Yucatán. Además se garantizará el acceso a espacios urbanos inclusivos y sostenibles, así como a  servicios públicos y movilidad digna.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 20 de abril de 2022.- El Congreso del Estado aprobó una reforma constitucional  que reconoce el derecho humano a la ciudad para garantizar el acceso a asentamientos urbanos inclusivos, sostenibles y con servicios públicos y movilidad digna para quienes viven en Yucatán. Además, servirá para evitar la especulación y fraudes con la venta de lotes de inversión. 

El promotor de esta iniciativa, el coordinador de la bancada del PRI, Gaspar Quintal Parra, sostuvo que el objetivo es colocar a las personas como parte central de las ciudades y frenar a quienes pervierten el mercado inmobiliario.

Explicó que ahora el Gobierno del Estado y los 106 Ayuntamientos tendrán que garantizar que las personas puedan ejercer su derecho de acceder a espacios urbanos inclusivos, sostenibles, ordenados, seguros, con servicios públicos y movilidad digna.

Es decir, tendrán que crear y actualizar sus planes y metas para garantizar ciudades sustentables, ordenadas y planeadas, tomando en cuenta las opiniones de los distintos grupos sociales.

“Es mucho lo que está en juego para las y los que reconocemos a Yucatán como nuestro hogar. O permitimos que sigan surgiendo asentamientos urbanos y proyectos irrealizables, o construimos un estado y una Mérida donde se pueda vivir dignamente, se reconozca a las personas como parte fundamental de las ciudades, se proteja el medio ambiente y nos encaminemos a enfrentar la desigualdad y la brecha social existente,  acabando con la vergonzosa e injusta división entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”, recalcó en la Tribuna del Pleno. 

 En ese sentido, dijo que con esta reforma se le dará orden al crecimiento urbano que experimenta la entidad, se le pondrá freno a quienes ven a ciudades como Mérida como una mercancía al servicio de ciertos intereses y a quienes pervierten el mercado inmobiliario, en particular el desarrollo de lotes de inversión que en ocasiones deriva en fraudes -deliberados o por incompetencia-, y obstaculizan la recuperación económica.

“El derecho humano a la ciudad sustenta un nuevo paradigma para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática, el aseguramiento de la propiedad, la movilidad, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos, así como la prestación de servicios públicos, considerando la participación ciudadana”, declaró el priísta.

Por su parte, la legisladora de Morena, Alejandra Novelo Segura, señaló que esta reforma es un primer paso para cerrar el paso a la especulación financiera inmobiliaria y abrirla a nuevos horizontes democráticos e igualitarios, donde no se desplace ni despoje a la gente.