El candidato del PAN indicó que hay que intensificar el diálogo constructivo con la federación y los empresarios participantes, como primera vía para destrabar temas que impiden la  realización de la obra.

Por Redacción

Mérida, Yucatán, 21 de febrero de 2024.-El candidato del PAN a la gubernatura del Estado, Renán Barrera Concha, aseguró que es deber de todas y todos los yucatecos defender y apoyar las gestiones necesarias para que se inicien cuanto antes las obras de ampliación y modernización del Puerto de Altura de Progreso. 

Destacó que se trata de una obra estratégica para potencializar el desarrollo industrial y comercial de Yucatán, de tal manera que se garanticen oportunidades de crecimiento económico para el crecimiento y prosperidad a corto, mediano y largo plazo. 

También, señaló que la primera instancia de gestión debe orientarse a intensificar el diálogo constructivo con la federación y los empresarios participantes, como primera vía para destrabar temas que impiden su realización. 

Renán Barrera aseveró que debe quedar muy en claro que “Yucatán no quitará el dedo del renglón” sobre la pertinencia y urgencia del inicio de la construcción de las obras de ampliación y modernización del Puerto de Altura. 

Indicó que esta obra representa un pilar indispensable para el desarrollo estatal e incluso, para el desarrollo regional de toda la Península de Yucatán.

Como hemos dado seguimiento en Haz Ruido, la Secretaría de Marina (Semar) canceló el Convenio de colaboración con el Gobierno del  Estado relativo a la ampliación del Puerto de Altura, luego de que el Congreso del Estado aprobó la Ley de la Operadora Energética y Marítima de Yucatán (Ley OEMY) del gobernador Mauricio Vila Dosal.

La Semar explicó que las atribuciones otorgadas a la nueva paraestatal del Gobierno del Estado, que se creó a través de la Ley OEMY, para administrar y brindar diversos servicios en el Puerto de Altura, sobrepasan los alcances establecidos en el Convenio y contravienen lo establecido en la Ley de Puertos en relación a los derechos y obligaciones de un cesionario sobre los bienes del dominio público de la federación.