La activista Amelia Ojeda lamentó que se pretenda criminalizar a las personas que solicitan los Servicios de Aborto Seguro (SAS) en el Hospital Agustín O´Horán, sin importarles que la mayoría es víctima de violencia sexual.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán,13 de junio de 2023.-La abogada y activista de la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (Unasse), Amelia Ojeda Sosa, advirtió que están resurgiendo acciones y campañas por parte de grupos anti-derechos que pretenden obstaculizar los derechos reproductivos de las mujeres y de las personas gestantes en Yucatán.

Lamentó que en los últimos días se han publicado notas en medios de comunicación tradicionales con un enfoque tendencioso, tergiversado y doloso, con la intención de criminalizar a las personas que solicitan los Servicios de Aborto Seguro (SAS) en el Hospital Agustín O´Horán.

La abogada criticó que en esas notas informativas se pretende comparar dicho servicio de salud con una “consulta al dentista por un dolor de muela”, y que no se habla de que la gran mayoría de las mujeres que lo solicitan, incluidas niñas, son víctimas de violencia sexual. 

“Con este tipo de notas y de acciones pretenden obstaculizar el ejercicio de derechos reproductivos, tratando de crear una opinión desfavorable sobre un servicio que se enmarca dentro del Sistema Nacional de Salud y que da respuesta a las necesidades de las mujeres para preservarles una vida digna y de calidad. Con estos servicios, se elimina la tortura a la que se puede someter a una niña o a una persona con capacidad de gestar que, a raíz de una violación, quedaron embarazadas”, explicó.

Amelia Ojeda recordó que las mujeres o personas gestantes que acuden al Hospital O´Horán a solicitar el servicio de aborto se apegan a la #NOM046, la cual establece que se les brinde atención médica a quienes son víctimas de violencia familiar y sexual. También se les práctica cuando se cumplen algunas de las causales del Código Penal de Yucatán. 

En ese sentido, recalcó que obedece al programa de Servicios de Aborto Seguro (SAS) que realiza el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud Federal en los 32 estados del país. Es decir, es un procedimiento legal y seguro. 

“Estos servicios se basan en un marco normativo Constitucional, ya que desde el Artículo Cuarto se habla de la autonomía reproductiva, además de que le está dando respuesta a las obligaciones que tienen las autoridades de acuerdo al Artículo Primero Constitucional para garantizar el ejercicio de derechos, en este caso de las mujeres y personas con capacidad de gestar”, enfatizó la abogada.

Indicó que la desinformación y las acciones dolosas de los grupos anti-derechos están resurgiendo a raíz de los avances y los precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como la de septiembre del 2021, en la que se declararon inconstitucionales los Códigos Penales que consideran el aborto como un delito, así como las leyes que “protegen la vida desde la concepción”, entre otras. 

“La Corte ya dijo que no se debe criminalizar a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar, ni al personal de salud que las apoye en los casos de abortos autogestionado”, sostuvo.

Por tal razón, Amelia Ojeda declaró que ese tipo de notas que se han publicado y campañas “para salvar vidas” en realidad están exponiendo a la violencia y al descrédito social al personal sanitario que está trabajando con profesionalismo, ética y en un marco de derechos humanos.

“Lamentablemente están resurgiendo estas acciones para tratar de obstaculizar el ejercicio de derechos reproductivos, es su respuesta a todos los avances legales que se han conseguido en los últimos años en la Corte”, advirtió. 

La abogada hizo un llamado a los Poderes del Estado y a los tres niveles de gobierno a no dejarse presionar por estas campañas de grupos anti-derechos, a quienes en realidad no les importa que las mujeres tengan una vida digna.