La magistrada presidenta Erika Torres dijo que eliminarían categorías y bajarían sueldos en otras con la intención de obtener ahorros económicos que permitan fortalecer a los juzgados de primera instancia.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 1 de octubre de 2025.- La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, Erika Torres López, informó que  los procesos de entrega-recepción del Poder Judicial continuarán al menos dos meses más y que, como parte de éstos, revisan la duplicidad de funciones, eliminarán categorías y reducirían sueldos en otras, además de que tomarían medidas en caso de confirmarse que había aviadores en la administración pasada.

A un mes de que entró en funciones, también dijo que han despedido a entre 15 y 20 funcionarios de puestos directivos como parte de esta reingeniería y que la intención es obtener ahorros económicos que permitan destinar recursos para fortalecer a los juzgados de primera instancia. 

“Estamos haciendo los ajustes para evaluar qué categorías van a quedar eliminadas y pues la cantidad de espacios que no sean funcionales se van a destinar a la función pública en primera instancia”, explicó en entrevista.

Agregó que al finalizar relación laboral con anteriores funcionarios, están recabando la información documental necesaria para tener el panorama al 100 por ciento de la situación actual del Poder Judicial.

Al preguntarle si han detectado duplicidad de funciones, la magistrada dijo que lo están revisando “desde el día dos” y que es un trabajo fuerte porque tiene impactos presupuestales.

“Y pues obviamente estamos cuidando mucho precisamente el no desajustar lo que es primera instancia y abocarse únicamente a la parte administrativa”, añadió.

Erika Torres sostuvo  que quizás se eliminen algunas categorías y otras van a tener decrementos salariales para de allí poder generar los ahorros necesarios para poder atender los juzgados. 

A pregunta expresa, dijo que como parte de la evaluación de la entrega-recepción están revisando si hay “aviadores”, es decir, personas que cobran sin trabajar, por lo que en caso de detectarse, tomarán medidas al respecto.