Actores políticos de diferentes partidos de Yucatán opinan sobre la decisión del gobernador de echar atrás el impuesto a la  seguridad. 

El senador Ramírez Marín declaró que se trató de una medida inteligente; mientras que el perredista Alejandro Cuevas celebró que la Cuarta Transformación tomó la decisión de no cobrar ese impuesto y que Vila no buscó otra vía para recaudarlo.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 15 de enero de 2020.- Actores políticos de diferentes partidos de Yucatán coincidieron que con la decisión del gobernador Mauricio Vila Dosal de cancelar el impuesto de mantenimiento por infraestructura tecnológica de seguridad se evitó un pleito jurídico innecesario y una confrontación con la sociedad, que ya estaba manifestando su inconformidad.

El senador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, dijo que en caso de que el gobierno del Estado hubiera decidido ir a tribunales para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cobrara dicho gravamen a través de los recibos de luz, las consecuencias habrían sido impredecibles.

“Y lo que iba a pasar es que posiblemente se quedara sin recursos y el conflicto legal lo tendría encima. Haber echado atrás el impuesto demuestra inteligencia, celebro esa decisión”, indicó.

El legislador también destacó que la CFE fue congruente al mantener su postura de no cobrar dicho impuesto. Agregó que tanto el gobierno federal como el estatal “demostraron sensibilidad” al no permitir esa carga tributaria a las y los yucatecos.

“Si la administración estatal se hubiera mantenido firme e irse a pleito, iba a significar perder ese pleito y además generar malestar a la sociedad. Tomaron una medida inteligente, se evitó una confrontación con la sociedad yucateca y eso hay que aplaudirlo”, sostuvo Ramírez Marín. 

Por su parte, el presidente y diputado local del PRD, Alejandro Cuevas Mena, declaró que es bueno que las autoridades hayan escuchado el clamor popular y social para echar atrás ese impuesto a la seguridad.

Eso sí, dijo que hay que reconocer que la Cuarta Transformación tomó la decisión correcta de “no cobrar ese impuesto disfrazado de derecho” y que el gobierno de Mauricio Vila hizo bien en no buscar otra vía para recaudarlo.

“Estuvo bien en retirarlo, porque era un golpe duro para la economía de las yucatecas y yucatecos,  ahora solo falta que retire el reemplacamiento vehicular”, puntualizó.

Por su parte, la presidenta de Movimiento Ciudadano, Silvia López Escoffié calificó como afortunada la decisión del gobernador de dejar sin efecto jurídico al nuevo derecho por infraestructura tecnológica en materia de seguridad.

Eso sí, lamentó que no se haya afianzado el método de cobro antes de plantear el plan. “La Agencia de Administración Fiscal de Yucatán tuvo un desacierto al presentar al Congreso un proyecto que no tenía certeza y viabilidad”, agregó.

Mientras tanto, a través de un comunicado, el PRI informó que celebran la decisión del Gobierno del Estado de dar marcha atrás al cobro del nuevo impuesto, toda vez que se trata de un triunfo legítimo de la sociedad en su conjunto y no de un tema político “como pretendieron hacer creer a la sociedad yucateca para desacreditar el rechazo al nuevo gravamen”.