Por medio de “dedazo” de tres consejeros de la Judicatura ligados al PAN, le regresaron su puesto a Luis Armando Mendoza como juez de control penal, a pesar de sus antecedentes de violencia

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 19 de agosto de 2025.- Con tres votos a favor y dos en contra, el Consejo de la Judicatura nombró al magistrado Luis Armando Mendoza Casanova como juez de control penal, a pesar de sus antecedentes de violencia contra las mujeres.

En la sesión plenaria que se llevó a cabo a puerta cerrada este mismo día, tres consejeros ligados al PAN y al exgobernador Mauricio Vila Dosal votaron a favor de “regresarle” su puesto de juez a Mendoza Casanova.

Votó a favor la actual presidenta del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Superior de Justicia, María Carolina Silvestre Canto Valdez, quien por cierto, seguirá en el cargo como magistrada 11 años más, luego de la resolución de este día de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

También votaron a favor Álvaro Juanes Laviada, quien fue el coordinador de asesores de Vila durante la administración estatal pasada, así como la consejera Claudia Ileana Pedrera Irabien, a quien se le ubica en el Poder Judicial por violentar y hostigar a los trabajadores.

Los que se opusieron son la consejera María Ely Farfán Flores y Niger Pool Cab, quienes advirtieron de una posible ilegalidad en ese nombramiento.

Cabe mencionar que, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, para convertirse en juez de control se requiere presentar un concurso de oposición o, a partir del 2027, por medio de una elección popular. Por tal razón, el nombramiento de Mendoza habría sido por “dedazo” de los consejeros de la Judicatura vinculados al PAN.

Hasta el momento el Poder Judicial no ha informado si dicha persona renunció a su cargo como magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán.

Cabe recordar que la actual legislatura del Congreso del Estado desechó por unanimidad a Mendoza Casanova como candidato en la pasada elección judicial, cuando pretendía competir en la campaña para continuar con su actual encargo en el Tribunal, debido a sus antecedentes de violencia familiar.