La mayoría de los ministros aseguró que ya cesaron los efectos de los artículos transitorios de la “Reforma Judicial a la yucateca”, tras la elección del 1 de junio.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 19 de agosto de 2025.- A pesar de que el proyecto de la sentencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf propuso invalidar diversos artículos del Decreto 55/2025, por mayoría de votos la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó sobreseer la acción de inconstitucionalidad relativa al régimen transitorio de la “reforma judicial a la yucateca”.

Entre los resultados principales de esta resolución destaca que seis magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán ligados al exgobernador panista Mauricio Vila Dosal seguirán en sus cargos hasta el año 2036.

Otro de los puntos que quedaron firmes es relativo al artículo 70 de la Constitución de Yuctaán, en el sentido de que la presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial se designará por los magistrados del Pleno y que se pueda reelegir por un periodo más, a pesar de que la Constitución federal establece que el presidente será el que tenga el mayor número de votos en la elección judicial y que la rotación será cada dos años.

Uno de los ministros que se pronunciaron por el sobreseimiento, Alberto Pérez Dayán, argumentó que los artículos transitorios dejaron de tener efecto tras la elección del 1 de junio, porque fueron diseñados por el Congreso del Estado para aplicar y regir el proceso electoral extraordinario.

Sin embargo, la ministra Lenia Batres Guadarrama advirtió que los artículos 7 y 8 no tienen relación con el proceso electoral, sino con la duración del cargo de los magistrados electos del Tribunal de Disciplina y de seis  magistrados actuales del Tribunal Superior de Justicia, los cuales, dijo, son desproporcionados y contrario a lo establecido en la Reforma Judicial federal. Es decir, enfatizó, no han cesado sus efectos.

Al no entrar al estudio de fondo, se declaró la validez del régimen transitorio, incluido el artículo 8 que señala que los magistrados y magistradas que presidan las Salas y el Tribunal Superior permanezcan en sus cargos 11 años más.

Se tratan de los magistrados ligados al PAN: Mario Alberto Castro Alcocer, quien preside Sala Colegiada Penal y Civil; Lizette Mimenza Herrera, de la Segunda Sala Penal y Civil; Alberto Salum Ventre, de la Sala Colegiada Civil y Familiar, Mauricio Tappan Silveira, de la Sala Mercantil de Extensión de Dominio y Laboral; Patricia Gamboa Wong, de la Sala Unitaria Especializada en Justicia Penal para Adolescentes; y María Carolina Silvestre Canto Valdés, quien es la presidenta del Tribunal.

En lo que se refiere al artículo 70 de la Constitución yucateca, que tampoco se invalidó, abrirá la posibilidad de que la actual magistrada electa, Sara Estrella León, no precisamente sea seleccionada como presidenta del Tribunal de Disciplina, a pesar de que obtuvo la mayoría de votos en la pasada elección.  

Cabe mencionar que las acciones de inconstitucionalidad fueron promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Consejería Jurídica del Gobierno federal.