Obligaron a las víctimas a relatar las violencias que sufrieron en varias ocasiones, incluso enfrente de su agresor, quien las acusó de mentirosas.

La universidad nunca les brindó asesoría legal, las convocaba a reuniones sin informarles en qué consistirían y el caso se resolvió a través de una conciliación laboral, en vez de aplicar el Protocolo de Violencia de Género. Tampoco les informaron de su resolución por escrito, sólo les llamaron por teléfono.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 20 de julio de 2022.- Aunque se logró la destitución de su agresor sexual, las trabajadoras manuales y administrativas de la Facultad de Antropología se enfrentaron a un proceso revictimizante por parte de las autoridades de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), situación que vulneró su seguridad y sus derechos humanos.

Así lo señalaron las propias afectadas y las representantes de la colectiva UADY Sin Acoso y del Centro por la Justicia, Democracia e Igualdad (CEJUDI), quienes lamentaron que el caso no se resolvió a través del Protocolo de Atención de Violencia de Género, a pesar de que se interpusieron dos quejas formales.

En rueda de prensa, lamentaron que la universidad nunca les entregó un documento por escrito en el que se informe la resolución de este proceso, únicamente les llamaron por teléfono fuera del horario laboral para darles a conocer que no le renovarán el contrato al acusado, Humberto Z., quien se desempeñaba como jefe de Servicios Generales de la Facultad.

Silvia Esquivel Canul, representante del CEJUDI que acompañó jurídicamente a las víctimas, declaró que  el proceso fue bastante revictimizante y violatorio de derechos humanos, porque se le dio seguimiento a través de un procedimiento de conciliación laboral para conflictos de trabajo, el cual no fue creado para atender agresiones sexuales.

“Aunque el Protocolo presenta deficiencias, sí está preparado para atender casos de violencia y acoso sexual, por lo que se debió aplicar para brindarles mayor protección y seguridad a la integridad de las trabajadoras. Además, la aplicación del procedimiento conciliatorio de trabajo debió ser voluntario y ellas, desde un principio, dijeron que no querían conciliar, y aún así, la UADY llevó el proceso”, explicó.

Agregó que los directivos de la Facultad de Antropología y de la casa de estudios obligaron a las trabajadoras a relatar en varias ocasiones las agresiones que sufrieron, e incluso enfrente del agresor, lo cual es totalmente revictimizante.

Tan es así, que el propio Humberto Z. las tildó de mentirosas y se refirió a ellas de manera denigrante, sin que las autoridades universitarias intervinieran para evitarlo. El proceso fue tan irregular, que incluso provocó que hubiera enfrentamientos entre ambas partes.

Silvia Esquivel añadió que la UADY también violó la confidencialidad de las víctimas al notificar al agresor de manera inmediata que se interpuso una queja en su contra, poniéndolas  de esta manera en peligro en su propio centro de trabajo.

Además, las trabajadoras no recibieron asesoría legal por parte de la universidad ni se les explicó en qué consistiría el procedimiento que enfrentarían. De hecho las convocaban a reuniones sin informarles que tenían que acudir con pruebas o testigos.

“Y solamente esa incertidumbre es una violación a su derecho a la justicia”, apuntó.

La asesora legal indicó que si bien aplauden que la UADY rescindió el contrato del agresor, no hubo una medida de reparación integral del daño, pues se requieren acciones de restitución para las víctimas y garantías de no repetición. 

Por su parte, Rosa Elena Cruz Pech, de UADY Sin Acoso, recordó que las trabajadoras habían denunciado a dicho sujeto hace cinco años, pero los directivos de la Facultad las ignoraron y hasta le dieron un nuevo puesto de poder al designarlo como jefe, lo que permitió que siga violentando mujeres. Sostuvo que esa omisión tuvo como resultado que él agrediera a casi a todas las trabajadoras.

La activista también sostuvo que durante este proceso sintieron que las autoridades de Antropología trataron de defender al acusado, y criticó que la observadora del Programa de Género no realizó un adecuado acompañamiento. Eso sí, reconoció el trabajo de las psicólogas que envió la UADY, porque demostraron empatía y apoyaron a las denunciantes. 

En la rueda de prensa, la trabajadora Guadalupe Vázquez Erosa, quien fungió como testiga en una de las denuncias, hizo un llamado a las autoridades universitarias a no descalificar las violencias y hostigamientos que sufren en sus centros laborales.

Al señalar que cerca de 28 empleadas fueron víctimas de dicho sujeto, exhortó a la UADY a mejorar el Protocolo de Atención de Violencia de Género, pues el actual las expone, vulnera y revictimiza. 

Por último, coincidieron en que les pareció extraño que la universidad haya resuelto este caso a través de un proceso de conciliación laboral en vez de emplear el Protocolo, lo que evidenció que este último realmente no funciona.