Por Claudia Arriaga

Mérida, Yucatán, 29 de diciembre del 2020.– Académicas y activistas feministas de Yucatán informaron que fiscalizarán a los partidos políticos y a los árbitros electorales para que cumplan con las acciones afirmativas que garanticen a las mujeres y a la población indígena alcanzar posiciones de poder en los comicios del 2021.

Y para esto, seguirán de cerca la situación de las candidatas a alcaldesas y diputadas con un recorrido en el interior del estado, ya que no permitirán más simulaciones de los institutos políticos y del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral de Participación Ciudadana (Iepac).

“Nos vamos a tomar la molestia de analizar partido por partido, municipio por municipio, incluyendo su población, los recursos que maneja, lo vamos a graficar y lo vamos a exponer a la opinión pública para que vean como es la trama de cada partido político y se los vamos a demostrar. Por eso se los advertimos a cada partido los vamos a exhibir”, señaló la investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Gina Villagómez.

La académica recordó que durante el proceso electoral del 2018, en el que también siguieron de cerca el proceso de algunas candidatas, documentaron 12 tipos de violencia que no están incluidas en el protocolo para atender la violencia política en razón de género.

Por ejemplo, la violencia comunitaria y cultural donde con brujería atemorizaban a las mujeres o incluso con grupos de personas de otros estados. “Llegaban en autos portando armas y amenazándolas para amedrentar a las candidatas”, recordó

Cabe mencionar que la violencia política contra las mujeres tiene tres etapas, la primera es ejercida por las instituciones y los partidos políticos. Tal es el caso de los lineamientos de paridad de género aprobados por el Iepac, ya que impiden que las mujeres sean candidatas de los municipios más poblados como Mérida y Valladolid. De hecho, las activistas los impugnaron en tres ocasiones, incluso ante el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY).

La segunda ocurre regularmente durante las elecciones, cuando la candidata es abandonada durante la campaña por el partido que representa y es atacada por el contrincante y la comunidad.  Y la última, se trata de obstaculizar su labor cuando se convierten en representantes populares, como pasó con las síndicos de Kanasín y Maní, que son violentadas por los propios alcaldes.

Además, a diferencia de otras elecciones, en esta ocasión las activistas y académicas se pronunciaron listas para luchar por la paridad de género. “Ahora estamos dispuestas y armadas para emprender procesos jurídicos, tenemos las herramientas y sabemos usarlas, tenemos aliadas y aliados para interponer los juicios de protección para los derechos políticos-electorales (JDC)”, declaró María Eugenia Núñez de Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (AMISY).

También en tres semanas pondrán a disposición de las mujeres que viven violencia política la aplicación “Ma violencia” (No violencia) y la línea telefónica 3328482847 para ayudarlas a hacer un diagnóstico de su situación, denunciar y exhibir a quienes la ejercen.

Respecto a este mismo tema, la coordinadora de política pública de la Red Abogadas Violeta, Rosalía López Castro, enfatizó que no perderán de vista que se respete la campaña 3 de 3 contra la violencia política, para evitar que se postulen a hombres con antecedentes de cometer violencia contra las mujeres.

“Si bien es cierto  está el derecho propersona a participar con los buenos lineamientos y la carta de buena fe como requisito, nosotros vamos a estar vigilando e investigaremos si tienen antecedentes y, si mintieron, vamos a exhibirlos en una plataforma del Frente por la Paridad”, argumentó.

Y no solo tomarán en cuenta las denuncias en proceso o con sentencia, ya que incluirán las denuncias públicas de redes sociales o medios de comunicación que hayan realizado las mujeres.