Las asociaciones que luchan por los derechos de las comunidad LGBT+ aseguran que la votación en cédulas en contra del matrimonio igualitario violó el derecho a la información, transparencia activa y participación política.

Por Redacción

Mérida, Yucatán, 28 de junio de 2021.-El Congreso del Estado será sujeto de análisis por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el próximo 7 de julio, debido a uno de los amparos que diversas organizaciones que luchan por los derechos de las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (LGBT+) presentaron en contra de la votación secreta del pasado 19 de julio de 2019, tras el rechazo del dictamen que pretendía reconocer el matrimonio igualitario en Yucatán.

Como se recordará, en ese año se vivió en dos ocasiones el rechazo del matrimonio igualitario por parte de las diputadas y los diputados yucatecos, quienes lo hicieron través de cédulas de votación, lo cual implicaba la secrecía y anonimato, dejando a la vista únicamente el resultado final. 

Es decir, el Congreso local votó sin transparencia y rendición de cuentas para que la ciudadanía pueda conocer la forma en la que la están representando en los curules del recinto legislativo. 

De esta manera, el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán (Colectivo PTFY), Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A. C., Unasse A. C. y Article 19 para México y Centroamérica, presentaron dos amparos en contra de dicha votación secreta, por violar el derecho a la información, transparencia activa y participación política. 

Uno de los amparos que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 18 de noviembre de 2020, se turnó al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien agendó el asunto para ser resuelto el próximo 7 de julio en la Primera Sala. 

Para las organizaciones, este amparo es una oportunidad histórica para determinar que el proceso legislativo debe ser transparente, garantizando el acceso a la información pública de la sociedad sobre la manera como votan sus representantes populares. Dicha obligación se refuerza cuando el Legislativo discute y vota normas que incidirán en el ejercicio de derechos humanos. 

Cabe recordar que hay otro amparo en contra del Legislativo de Yucatán que se discutirá en el Pleno de la SCJN, en el que se plantea que la decisión del Congreso del Estado de rechazar el matrimonio igualitario fue inconstitucional.