Tras un largo litigio, los exsecretarios Eduardo Batllori y Daniel Quintal ya no cobrarán 46 mil pesos al mes, ni el supuesto exvocero Fernando Castro, quien pretendía cobrar ilegalmente 35 mil pesos.

Por Redacción

Mérida, Yucatán, 31 de mayo de 2021.-El Gobierno del Estado informó que, tras un juicio de casi tres años, evitó que los yucatecos paguen  pensiones otorgadas de manera ilegal a 10 altos funcionarios en la administración del priísta Rolando Zapata Bello, quienes iban a recibir más de 4.3 millones de pesos al año.

El Consejero Jurídico estatal, Mauricio Tappan Silveira, dijo que se encontraron inconsistencias en el procedimiento en el que fueron otorgadas, por no satisfacer los requisitos y no cumplir con las formalidades legales, así como por ser concebidas  en los últimos días de administración de manera unilateral por el Gobierno estatal anterior.

Este día, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán notificó su resolución y, por medio de la figura jurídica de juicio de lesividad, canceló dichas pensiones que van de los 46 mil pesos a los 19 mil pesos mensuales.

“Esta acción evitó un gasto de más de 4.3 millones de pesos anuales de recursos públicos”, precisó el Gobierno del Estado.

Las pensiones que fueron canceladas corresponden a Eduardo Batllori Sampedro y Daniel Quintal Ic, extitulares de las secretarías de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Obras Públicas, respectivamente, quienes pretendían recibir 46 mil pesos mensuales. 

 Además José Ignacio Mendicuti Pavón, quien fue representante del exgobernador Rolando Zapata Bello en la Ciudad de México, y que iba a recibir 45 mil pesos al mes.

De igual forma Ariel Enrique Azcorra Padilla, ex director del Fideicomiso Público de la Reserva Territorial de Ucú; Jesús Antonio Paz Pineda.  ex director de la Unidad de Asesores; y Elda María Vargas Jiménez, ex directora de Procesos Transversales de la Secretaría de Administración y Finanzas, quienes recibirían 40 mil pesos al mes.

Asimismo Fernando José Castro Novelo, ex director de Comunicación Social, quien pretendía cobrar 35 mil pesos, aunque se desconoce cuál fue su trabajo durante seis años.

Tampoco cobrarán pensión Luis Humberto Hoyos Schlamme,  ex  director de la Fábrica de Postes, 30 mil pesos; Beatriz Eugenia Solís Sánchez, ex directora de Departamento de Desarrollo, Cultura y Actividad Física de Jubilados y Pensionados del Isstey, 25 mil al mes; y Gaspar Javier Arceo Peniche,19 mil 219 pesos al mes.

Cabe mencionar que todavía hay siete casos similares más que se encuentran en litigio y en espera de una pronta resolución.