En Yucatán, la sanción será hasta con tres años de prisión para quien lucre con el dolor ajeno y provoque revictimización.

De tal manera, se castigará a quien exhiba, publique, comparta o difunda en redes sociales, página de internet, medios impresos o electrónicos, fotografías o videos que revelen el cuerpo de los cadáveres o restos humanos.

Por Redacción.

Mérida, Yucatán, 26 de febrero de 2020.-El Congreso de Yucatán aprobó castigar hasta con tres años de prisión a quien publique fotografías o videos de cadáveres o restos humanos en redes sociales, páginas de internet y hasta en medios de comunicación impresos o electrónicos. 

Las y los diputados votaron a favor de reformar elCódigo Penal, en particular a las fracciones cuarta, quinta y la adición de la sexta del artículo 231, para sancionar estas acciones antiéticas. 

La iniciativa establece que quien de forma maliciosa exhiba, publique, comparta o difunda en redes sociales, página de internet, medios impresos, electrónicos o cualquier otro, fotografías o videos que revelen el cuerpo de los cadáveres o restos humanos, será sujeto a un castigo de tres días a tres años de prisión y de dos a 20 días de multa.

La impulsora de esa propuesta, la panista  Kathia Bolio Pinelo, manifestó que esta mala conducta solo origina morbo en la población y provoca revictimización a la persona sin vida y a su familia.

“Porque utilizar esta clase de fotos es lucrar con el dolor ajeno y fomenta la violencia, a la vista de cualquier ciudadano, incluso menores de edad”, señaló, al precisar que espera que sea un precedente para que otros estados legislen en la materia y no surjan más casos que no son éticos y rebasan las barreras del respeto.

Por su parte, el priísta Luis Borjas Romero explicó que con esta reforma no se pretende coartar el derecho humano a la libertad de expresión, por el contrario, se pretende garantizar la dignidad de quienes sufren  la pérdida de un familiar o un ser querido. 

En se sentido, detalló que la sanción aumentará hasta en una mitad cuando la persona que publique o difunda las fotos o videos sea un servidor público. De esta manera, se pretende evitar que policías o personal de Ministerio Público filtre esos archivos a la prensa. 

Por cierto, Borjas explicó que no se castigará cuando las imágenes se difundan para actividades relacionadas con la docencia, investigación y en procesos judiciales.