En el marco del #28S, recordaron que el Estado criminaliza a las mujeres cuando deciden sobre su cuerpo y se impulsan leyes que atentan en contra de sus derechos.

Por Claudia Arriaga

Mérida, Yucatán, 28 de septiembre del 2020.- En el artículo 393 del Código Penal de Yucatán se establecen cuatro casos en los que el aborto no es sancionable. Cuando sea un embarazo a consecuencia de una violación o inseminación no consentida, corra peligro la vida de la mujer, no existan las condiciones económicas y tenga tres hijos, o se practique porque el producto padece alteraciones genéticas o congénitas. 

Sin embargo, cuando una mujer quiere hacer uso de este derecho en los Servicios de Salud Públicos o incluso en clínicas privadas, siempre son criminalizadas, declaró la coordinadora Jurídica de la Unidad de Atención Sicológica, Sociológica y Educativa (Unasse), Amelia Ojeda.

La activista recordó que el mismo Estado, que presume tener una legislación de avanzada en el tema, es el que se encarga de obstaculizar a las mujeres cuando deciden interrumpir su embarazo en las mencionadas condiciones. 

“La otra cosa es que desde las mismas autoridades y marco normativo se emiten mensajes de criminalización hacia las decisiones reproductivas de las mujeres, hacia quienes solicitan un servicio que es un derecho que debe ser de calidad y también criminalizan a quien presta los servicios a las mujeres”, apuntó. 

Y hoy, en el marco del #28S, Día de la Acción Global por el Aborto Legal y Seguro en América Latina y el Caribe, Yucatán lejos de avanzar en el tema se encuentra impulsando leyes que atentan en contra de los derechos de las mujeres.

Por ejemplo, Amelia Ojeda recordó la iniciativa de la Ley de Protección a la Maternidad y la Infancia Temprana del Estado, presentada por la diputada del PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama, que presuntamente busca proteger a las niñas y a los niños desde la concepción. “Pretende establecer mecanismos disfrazados de protección de derechos cuando la realidad es que se trata de obtener un mayor control de las decisiones reproductivas de las mujeres”, explicó.

También preocupa la forma en que las mujeres cuando llegan a los hospitales o solicitan atención médica por un aborto en evolución, lo primero que ocurre es que el personal médico avisa a la Fiscalía General del Estado y luego brinda el servicio de salud. Además, no conformes con esto, las exhiben en los medios de comunicación, los cuales refuerzan los mensajes de criminalización.

En tanto este 28 de septiembre, las colectivas y activistas que luchan contra la violencia de género y por los derechos de las mujeres continuarán recordando que el Estado tiene una legislación para castigar con cárcel de tres meses a dos años a las mujeres que no desean ser madres, aunque esta decisión sea su derecho.

“Si tanto preocupa el producto en cualquiera de sus etapas de óvulo, embrión o feto, se requieren políticas públicas que logren erradicar la violencia para que no haya embarazos productos de violencia sexual y que haya servicios de atención para que las mujeres decidan ejercer su derecho reproductivo” comentó Amelia Ojeda.

Cabe recordar que, en el 2012, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) resolvió que no se puede considerar persona al feto, por tanto, no se le pueden dar los mismos derechos que a un ser humano.