El organismo hizo un llamado a esclarecer el asesinato y recordó que la mayoría de las corporaciones policíacas de Yucatán no respetan ni protegen los derechos humanos.

Por Redacción

Mérida, Yucatán, 9 de agosto de 2021.- Tuvieron que pasar 120 horas de que se dio a conocer el crimen del joven José Eduardo Ravelo Echavarría “el güero” para que la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) hiciera público su pronunciamiento, en el cual hizo un llamado a las autoridades yucatecas a que se esclarezca el caso, sobre todo lo relacionado con actos discriminatorios.

En un comunicado, el organismo indicó que está en contra de todo acto de autoridad motivado por discriminación, estigma y estereotipos que atenten en contra la dignidad de un ser humano. 

En ese sentido, hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado, al Poder Judicial, a la Policía de Mérida, a la Secretaría de Salud y en general a todas las autoridades correspondientes, a realizar de manera urgente todas las acciones necesarias para esclarecer la muerte de la víctima, con especial atención a la relación de este suceso con actos discriminatorios y la afectación a su dignidad.

“Es urgente garantizar un eficaz acceso a la justicia para evitar la impunidad, y de esta manera, se podrán sentar las bases para la no repetición de este hecho”, señaló la Codhey.

También informó que desde el pasado 30 de julio, cuando la madre del joven, María Ravelo Echavarría, acudió a la Comisión a interponer la queja, inició el proceso de investigación de los hechos que involucran a agentes de la Policía de Mérida, al personal de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y del Hospital Agustín O’Horán.

También recordó que en las Observaciones Generales acerca de la situación de los derechos humanos en Yucatán presentadas en el Informe Anual de Actividades, la Codhey advirtió que la mayoría de las corporaciones policíacas no han dirigido sus actuaciones bajo el imperativo de respetar, proteger y defender los derechos humanos. Esto en razón de que transgreden la libertad personal, integridad, legalidad y seguridad jurídica.

“El 83.33 por ciento de las recomendaciones emitidas por este organismo fueron en relación a violaciones de libertades fundamentales, en específico, en el contexto de seguridad pública y acceso a la justicia. Además de que se emitieron medidas cautelares, en las que primordialmente se solicitaron garantizar los derechos a la legalidad, seguridad jurídica, la integridad y el libre tránsito”, señaló.

Ante estos hechos, dicho organismo se pronunció por la urgencia de garantizar el derecho a la legalidad y seguridad pública, en virtud de que constituye un elemento primordial para consolidar un eficaz sistema de libertades. 

Y señaló la necesidad de que las fuerzas policiacas, estatales y municipales, reciban capacitación en materia de derechos humanos y en el uso adecuado de la fuerza pública, por hechos que dentro del ámbito de su competencia vulneran derechos humanos.

Respecto a las autoridades sanitarias, pidió garantizar la atención de todas las personas que acudan a solicitar los servicios y evitar la comisión de actos discriminatorios que vulneren la dignidad, así como el derecho a la salud y vida de los agraviados.

“A la familia de la víctima y a la sociedad en general, se garantiza que esta Comisión investigará y en su caso emitirá las recomendaciones necesarias a las autoridades involucradas; y ofrece su colaboración para implementar cursos, capacitaciones u otras acciones que sean necesarias para evitar que un hecho de esta magnitud vuelva a repetirse”, finalizó en su pronunciamiento.