Dichos exfuncionarios, vinculados a proceso por el delito de cohecho porque recibieron dinero de una empresa a cambio de un contrato, tienen seis meses para cumplir con la reparación del daño.

Por Herbeth Escalante

Progreso, Yucatán, 10 de octubre de 2021.- En audiencia celebrada en el Centro de Justicia Oral de Progreso, la jueza tercero de control, Diana Yadira Garrido Colonia, aprobó la Suspensión Condicional del Proceso penal que se sigue a otros dos exregidores de ese municipio que fueron imputados por el delito de cohecho. Estas personas prometieron devolver el dinero que recibieron en un acto de corrupción ocurrido en 2016.

Como hemos dado seguimiento en Haz Ruido, en julio pasado fueron vinculados a proceso por el delito de cohecho los 11 exediles de Progreso, incluido el exalcalde José Isabel Cortés Góngora,  pues existen indicios de que recibieron 110 mil pesos cada uno a cambio de suscribir un contrato con una empresa para la prestación del servicio de alumbrado público del puerto.

Al poco tiempo de la vinculación, cinco de estos acusados solicitaron una vía alterna para no tener que llegar a un juicio oral, por lo que prometieron pagar la reparación del daño, el cual incluirá devolver el dinero. Ahora, otros dos exregidores recurrieron a este mismo mecanismo para no ser castigados con cárcel.

De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Suspensión Condicional del Proceso Penal debe entenderse como el planteamiento formulado por el Ministerio Público o el imputado, en el cual éste se somete a una o varias condiciones.

Este mismo ordenamiento establece que la Suspensión procederá siempre y cuando el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco años; que no exista oposición fundada de la víctima u ofendido; y que no hayan transcurrido dos años desde el cumplimiento o cinco años desde el incumplimiento de este.

En la audiencia, los dos imputados que solicitaron este recurso, se comprometieron a residir en un domicilio determinado, prestar servicio social y un plan de reparación de daño en beneficio de instituciones del Estado, así como someterse a la vigilancia del Centro Estatal de Supervisión de Medidas Cautelares. Si los imputados cumplen con estas condiciones durante seis meses, se dará la extinción de la acción penal y el sobreseimiento del proceso.

Cabe mencionar que no hubo oposición fundada de la víctima ni de la Fiscalía Anticorrupción para la celebración de la Suspensión Condicional, por lo que la juzgadora procedió a aprobarla.

Por cierto, en este caso la Fiscalía presentó como prueba un video en el que aparecen el entonces alcalde José Cortés y sus regidores contando el dinero, acto de corrupción que se grabó en la sala de Cabildo la noche del 23 de diciembre del 2016.