Empresas y autoridades en desacato. Tienen pocas horas para suspender la granja, incluso con el uso de la fuerza pública

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 30 de noviembre de 2018.- Autoridades locales y empresas que no cumplieron con la resolución del Juzgado Cuarto de Distrito fueron notificadas de que tienen 24 horas, a partir de ayer jueves, para detener operaciones de la mega granja de Homún, así como sacar los cientos de cerdos depositados en ese lugar. Se trata de una acción que busca evitar que se contamine el agua la localidad y se perjudique la salud de las y los habitantes.

El gobierno de Yucatán, la compañía Producción Alimentaria Porcícola (PAPO) o el ayuntamiento de Homún tendrán que cumplir con la disposición este viernes, pero como los juzgados no laboran el fin de semana, tienen oportunidad de probar que efectuaron la clausura hasta el próximo lunes 3 de diciembre.

Como se ha informado, hace casi dos meses la titular del Juzgado Cuarto de Distrito, Miriam Cámara Patrón, estableció como medida cautelar la suspensión definitiva y que se paralice el funcionamiento de la mega granja, luego que pobladores, en representación de  seis niñas, niños y adolescentes del municipio, presentaron un juicio de amparo al considerar que se violan sus derechos a un entorno sano, la salud, y el acceso al vital líquido, entre otros.

Sin embargo, ni PAPO ni las autoridades han cumplido con la resolución, motivo por el cual se llegó a este ultimátum para que se cierren las puertas del lugar, se retire a las y los empleados, y se saque a los animales de ahí.

“Ya no hay nada a medias, la sentencia fue clara en decir que tienen que clausurarlo de manera definitiva. Si no lo hace la empresa, lo tiene que hacer la autoridad, en este caso el gobierno del estado, incluso con el uso de la fuerza pública de la Policía Estatal”, informó en conferencia de prensa Lourdes Medina Carrillo, abogada de la agrupación Ka’anan Ts’onot (Guardianes de los Cenotes).

Medina Carrillo dijo que las y los habitantes también fueron notificados de esta resolución de la jueza, denominada incidente por  exceso a defecto en el incumplimiento de la suspensión definitiva.

La litigante lamentó que durante estos dos meses no hubo voluntad por parte de los involucrados en el conflicto, por lo que se encuentran en desacato.  Por ejemplo, recordó que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) únicamente retiró la autorización del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), pero no realizó acciones de suspensión.

Además, intervino en el juicio otra compañía, Kekén, que a mediados de octubre manifestó por escrito ser dueña de los cerdos de la granja de PAPO, por lo que requeriría de tres semanas para sacarlos con los cuidados necesarios para evitar que mueran. Sin embargo, ya pasaron dos meses y tampoco han acatado la suspensión.

Agregó que si las firmas y las autoridades no cumplen con la resolución de la juez estarían cometiendo un delito, por lo que las denunciaría ante el Ministerio Público de la federación la próxima semana. La última medida que podría determinar es usar la fuerza pública, como el Ejército, para realizar la acción clausura y hasta la destitución de las y los servidores públicos involucrados.

“Hemos seguido todos los pasos para evitar la confrontación violenta, el pueblo ha tolerado porque confían que sólo en tribunales podremos ganar históricamente un proceso que después pueda evitar que se repitan estos casos. El derecho prioritario es que el pueblo tenga una vida digna”, declaró Cristina Muñoz Menéndez, del Grupo Indignación, que asesora a las y los cenoteros.