Los Ceresos de Yucatán no cuenta con mantenimiento, equipo ni personal suficiente que resultan necesarios para que las personas privadas de su libertad tengan una estancia digna.

La Codhey enfatizó que no existen programas para incentivar a los internos a que desarrollen una actividad laboral remunerada, ni capacitación para la misma.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 25 de febrero de 2022.- El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codhey), Miguel Óscar Sabido Santana, evidenció que los cuatro centros penitenciarios de Yucatán que están a cargo del Gobierno de Mauricio Vila Dosal se encuentran en malas condiciones, sus reglamentos no están armonizados con la Ley Nacional de Ejecución Penal y no existen programas para incentivar a los internos a que desarrollen una actividad laboral.

Al rendir su informe de resultados en el Congreso del Estado, el ombudsman también señaló que en los Centros de Reinserción Social (Ceresos) de Mérida, el Femenil, de Tekax y el de Valladolid no hay protocolos escritos para evitar la propagación del COVID-19.

El presidente explicó que la Codhey realizó recorridos de supervisión en esos sitios durante el 2021 a fin de verificar las condiciones de vida, el respeto a la integridad, dignidad, seguridad e igualdad de las personas internas privadas de su libertad, así como las condiciones de infraestructura y operacionales de la misma.

Fue entonces que detectaron una infraestructura carente de mantenimiento y equipamiento en los dormitorios, servicios sanitarios, patios, áreas comunes y área de gobierno, que resultan necesarios para que las personas privadas de su libertad tengan una estancia digna.

Además, no tienen reglamento actualizado ni armonizado con la Ley Nacional de Ejecución Penal, ni protocolos escritos para evitar la propagación del COVID-19 entre los internos.

Sabido Santana abundó que falta personal de custodia y técnico operativo, personal médico, odontológico y de enfermería suficientes; tampoco hay personal psiquiátrico, especialistas en ginecología y carecen de medicamentos suficientes.

El ombudsman enfatizó que no existen programas para incentivar a los internos a que desarrollen una actividad laboral remunerada, ni capacitación para la misma.

Tampoco hay programas de capacitación suficientes para el personal directivo, técnico, jurídico, de seguridad y de custodia, sobre todo en materia de derechos humanos.

En los recorridos se constató que los Ceresos carecen de un registro de la población interna que padezca problemas de adicción, a efecto de elaborar un diagnóstico que permita evaluar el problema y establecer acciones para la aplicación de tratamientos para su rehabilitación.

“No hay que olvidar que cualquier medida privativa de la libertad debe garantizar en todo momento la seguridad y condiciones de vida digna y la salud de las personas internadas en los Ceresos, a fin de que puedan desarrollar sus aptitudes y realizar actividades que les permitan una verdadera reinserción social, por lo que hago un llamado a las autoridades penitenciarias para seguir trabajando para un retorno digno a nuestra sociedad, de las personas privadas de su libertad”, sostuvo en su mensaje.  

Cárceles municipales en caos

El ombudsman yucateco indicó que también verificaron las condiciones en que se efectúan las detenciones y los arrestos, las condiciones de estancia y permanencia de las personas sujetas a estos actos de autoridad en las 106 cárceles municipales de Yucatán, así como a la cárcel pública de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

En estas detectaron que 85 cárceles no tienen área para mujeres y 95 carecen de área para adolescentes.  Además, en 60 no hay Juez Calificador o Juez de Paz que imponga las sanciones administrativas correspondientes.

En 68 cárceles no se acreditó que se informara a las personas el motivo de su arresto y en 101 no tienen reglamentos internos ni manuales de procedimientos. Otras 87 carecen de Bando de Policía y Gobierno.

Dijo que el personal de 67 de las cárceles considera que el número y capacidad de las celdas es insuficiente; 74 no tienen tazas sanitarias y 102 carecen de lavamanos en el interior de las celdas.

Para colmo, más del 60 por ciento tienen mala ventilación e iluminación; 75 cárceles no acreditaron proporcionar colchonetas a las personas arrestadas; 76 están en malas condiciones de higiene; y 73 no se acreditó que se les proporcionen alimentos a las personas arrestadas.

Las cárceles municipales con las mejores condiciones de infraestructura,de acuerdo a las supervisiones realizadas por la Codhey, son las de los municipios de Buctzotz, Kanasín, Mérida, Tekax, Tizimín, Umán y Valladolid, así como la de la Secretaría de Seguridad Pública.

Por el contrario, las que presentan mayores deficiencias son las de los municipios de Chankom, Chapab, Cuzamá, Dzan, Dzitás, Halachó, Homún, Izamal, Kopomá, Maní, Mayapán, Santa Elena, Tahdzíu, Teabo, Tecoh, Tekit, Tepakán y Ticul.  

“Reiteramos a nuestras autoridades municipales que las personas detenidas y/o arrestadas quedan bajo su responsabilidad directa durante todo el tiempo en que las tengan bajo su custodia, por lo que el respeto a su dignidad humana, a su salud, a su integridad física y, por supuesto a la vida, deben ser garantizadas en todo momento”, señaló Sabido Santana.

Por último, les reiteró que  cumplan con la Recomendación General Número 6/2014emitida por la Codhey hace unos años “Sobre la situación de los derechos humanos de los detenidos en las cárceles municipales del estado de Yucatán”. (Foto de Lorenzo Hernández)