La ombudsperson María Guadalupe Méndez señaló que tras el despido de las abogadas del Centro de Justicia de Mujeres de Tizimín se estaría dejando de atender a las usuarias víctimas de violencia en sus procesos penales

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 16 de enero de 2025.- La presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Codhey), María Guadalupe Méndez Correa, informó que han emitido una medida cautelar tras reportarse el caso de hostigamiento laboral y violencia institucional en agravio de cinco funcionarias del Centro de Justicia para las Mujeres de Tizimín, presuntamente cometidas por la Secretaría de Mujeres de Yucatán (Semujeres) que dirige Sisely Burgos Cano.

Este mecanismo se activó principalmente para no dejar en estado de indefensión a las mujeres víctimas de violencia que eran atendidas por las mencionadas servidoras públicas en procesos penales, pues la mayoría son abogadas.

“Este caso revista vital importancia porque se dejaría de atender a las usuarias del Centro de Justicia de Tizimín, quienes viven episodios de violencia y que tienen (presentadas) denuncias penales. Esas abogadas son parte de la carpeta de investigación porque están nombradas para representarlas (a las víctimas)”, abundó.

La medida cautelar es un mecanismo de protección de la Codhey mediante la cual esta solicita a la autoridad que proteja a una o más personas que estén en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable.

La ombudsperson señaló que no sólo se trata de evitar que se vulneren los derechos de las cinco trabajadoras, sino de no dejar en estado de indefensión a las usuarias del Centro de Justicia.

Abundó que las funcionarias recurrieron a la Codhey y ya se abrió una Queja, por lo que están en espera de que la Semujeres envíe un informe sobre lo ocurrido. Tiene 72 horas para contestar.

Dijo que la Queja va en dos vertientes, la correspondiente en la parte laboral porque presuntamente le estarían vulnerando derechos humanos de las funcionarias, y por el otro se dejaría de desatender a las usuarias del Centro de Tizimín.

“Y eso es lo más preocupante, por eso estamos viendo que en el informe nos den la razón de lo que está sucediendo, tener un panorama de lo que está pasando. No toca dejar a salvo los derechos laborales de las afectadas y los derechos de las usuarias”, apuntó Méndez Correa.

Como se sabe, las cinco funcionarias acusan de hostigamiento laboral y violencia institucional por parte de la secretaria Sisely Burgos, principalmente porque las estaban obligado a firmar sus renuncias.