Lamentan que bajo el argumento del ahorro presupuestal haya casos de ex trabajadores que no recibieron liquidaciones justas

Por Redacción

Mérida, Yucatán, 22 de marzo de 2019.- De octubre pasado a febrero de este año se han contabilizado más de 600 denuncias por despidos injustificados en contra del Gobierno de Yucatán y diversos ayuntamientos, es decir, que fueron interpuestas por personal cesado que no quiso llegar a acuerdos con las nuevas autoridades.

Así lo informó el magistrado presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, quien explicó que el 80 por ciento de estas demandas van dirigidas al Ejecutivo Estatal.

También indicó que tienen reporte de mil 400 casos más de convenios entre el gobierno y los empleados, lo que significa que la administración pública estatal cumplió con pagarles lo acordado.

“Es una situación algo normal que ocurre en cada cambio de gobierno que genera rotación de personal, obviamente sí hubo alza de demandas, pero también hubo un aumento en el pago de liquidaciones, finiquitos, convenios o terminaciones voluntarias”, explicó Antuña Aguilar.

Abundó que hubo más de 600 asuntos en donde las y los trabajadores cesados decidieron no llegar a ningún acuerdo con las autoridades, razón que motivó a esas demandas ante el Tribunal.

Agregó que en casi todas las dependencias estatales hubo conflictos laborales, pero en donde se reportaron la mayoría son en las Secretaría de Educación (Segey) y Desarrollo Social (Sedesol) así como en el Centro Estatal de Prevención del Delito (Cepredey).

Como se ha informado, estos ceses han generado una serie de protestas en las puertas del Palacio de Gobierno y en algunas otras instancias, en las cuales los afectados exigen que sean liquidados conforme a derecho o que les regresen sus plazas laborales.

Sobre esta situación, el dirigente del Partido del Trabajo (PT) en Yucatán, Francisco Rosas Villavicencio  lamentó que la excusa del gobierno para no pagar las liquidaciones es que no cuentan con los recursos necesarios debido a los recortes presupuestales de este año.

“Pero hemos detectado que en el Capitulo 1000 del presupuesto estatal, que corresponde al rubro de Servicios Personales, hubo un incremento significativo en el último trimestre del 2018 para gastos de plantilla laboral… es decir, no hubo un verdadero ahorro presupuestal, sí hay recursos pero se está denostando a los trabajadores al no ser liquidados”, criticó.

Entrevistado sobre este mismo tema, el diputado local y presidente estatal del PRD, Alejandro Cuevas Mena, indicó que se habla de que con la llegada de Mauricio Vila Dosal al poder hubo aproximadamente 2 mil despidos en el Gobierno del Estado, lo que puede repercutir en las finanzas públicas.

“Hay que ver los saldos de estos finiquitos, quiénes fueron liquidadas conforme a derecho y quiénes no, pues seguramente hay casos de personas que no quisieron hacer ningún escandalo o pleito y quizás no recibieron una liquidación justa”, añadió.

Cuevas Mena sostuvo que la administración estatal tiene el derecho de “armar a su equipo” y escoger a su personal, pero también debe respetar a las y los trabajadores de base y a sus prestaciones adquiridas.