A pesar de que existían pruebas y testimonios sobre ese delito sexual, él absolvió al acusado. Debido a que su sentencia fue arbitraria, en segunda instancia condenaron al sujeto y se ordenó que Mendoza reciba capacitación en materia de derechos humanos y de acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes.

Hoy día es consejero de la Judicatura del Poder Judicial y lo quieren designar magistrado de Yucatán.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 30 de noviembre de 2023.- A pesar de que el Ejecutivo propuso a Luis Armando Mendoza Casanova como uno de los aspirantes a magistrado  en el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, en su pasado como juez de control pesa un lamentable caso en el que absolvió a un hombre que violó a su propia hija de apenas seis años de edad.

En el juicio se presentaron los resultados de los exámenes ginecológicos y de las pruebas realizadas por especialistas de la Fiscalía General del Estado, y existían declaraciones de la propia víctima menor de edad. Sin embargo, dicho juzgador lo dejó libre argumentando que “las pruebas allegadas a la causa eran insuficientes para establecer la plena responsabilidad del acusado (sic)”.

Este terrible delito ocurrió el 17 de abril 2014 en la casa familiar en donde vivía la víctima. La madre de la menor la encontró en el baño desangrándose y de inmediato la llevó a una clínica del IMSS para recibir atención médica. Desde entonces, inició un largo proceso penal para exigir justicia.

Lamentablemente, en la sentencia dictada por Armando Mendoza el 20 de noviembre del 2015 asentó que si bien las pruebas aportadas eran suficientes para demostrar el cuerpo del delito de violación equipara agravada en contra de la menor, los elementos probatorios de la Fiscalía de ninguna forma eran idóneos para demostrar sin dudas la plena responsabilidad del implicado, pues de acuerdo a su apreciación, “a lo largo de la secuela procesal no se probó su participación el antijurídico que se le atribuye (sic)”.

De acuerdo con la Toca 153/2019, de la Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia
 que revisó la apelación de la sentencia, el entonces juez determinó que “el único elemento que gravitaba en contra del enjuiciado era la declaración de la menor; pero que esta declaración, en la que la ofendida hace ‘declaraciones muy severas al inculpado’, requiere para corroboración, que estén determinadas las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución del delito, así como que existan en autos medios de convicción inequívocos de la participación del acusado (sic)”.

Por fortuna, las y los magistrados que integran la Sala en segunda instancia constataron que sí existían elementos de prueba suficientes en contra del violador y revocó la sentencia de Mendoza.

Finalmente, el acusado fue sentenciado a 28 años y seis meses de prisión, y una multa de 612 días de salario mínimo vigentes en la época en la que ocurrieron los hechos, entre otras medidas de reparación.

Como parte de las medidas de no repetición en la resolución de la Sala, se instruyó al Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, a fin de que por conducto de la Escuela Judicial,se diseñe e implemente un programa de formación y capacitación teórico-práctico, evaluable y medible en su impacto respecto al desempeño profesional de los participantes, para actualizar y capacitar al Juez Luis Armando Mendoza Casanova en materia de derechos humanos y de acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes víctimas del delito, así como de los estándares de recolección, admisión y valoración de la prueba en casos de violencia contra las mujeres y las niñas.

Sin embargo, de acuerdo con diversas fuentes consultas en el Poder Judicial, dicho personaje nunca tomó esa capacitación.

Hace un año lo nombraron consejero de la Judicatura, a pesar de que también fue denunciado por violencia familiar, y ahora lo quieren hacer magistrado.