Acusa de un presunto tráfico de influencias entre las autoridades y el albergue donde la privaron de su libertad para arrebatarle a la menor.

Por Redacción

Mérida, Yucatán, 1 de julio de 2024.-Natiluz Pérez Lara, protestó el pasado 24 de junio en el Centro de Justicia Oral de Mérida (Cejom) para exigir que la reúnan con su hija, pues asegura que desde hace 7 años se la arrebataron bajo mentiras, injurias y actos de corrupción, por parte su familia paterna en complicidad con abogadas y juezas del la Fiscalía General del Estado de Yucatán. 

Relató que fue en noviembre de 2017 cuando Gabriela H. H. y Esteban G.O. la engañaron, llevándola a un supuesto trabajo cuando era para encerrarla, privarla de su libertad y quitarle a su hija de 1 año y 8 meses. 

Fue en el albergue “La Gloria” donde la mantuvieron contra su voluntad sin poder comprobar que era adicta a alguna sustancia. Logró escapar de dicho lugar y denunció en Fiscalía, también su pareja y padre de su hija denunció su desaparición. 

Debido a que no obtuvieron resultados a favor, señaló que se trataría de un posible tráfico de influencias por parte la dueña del albergue, Deysi F. B. y las autoridades correspondientes. 

Natiluz Pérez informó que en 2018 inició una denuncia para un juicio familiar, y después de 6 años, le otorgaron la custodia definitiva de su hija. Sin embargo, no le entregaron a la menor pues le imputaron una denuncia falsa por abuso sexual como si hubiera sucedido en los centros de convivencia. 

La madre señala que la abogada de sus agresores es muy influyente, ya que fuera la ex procuradora de la Procuraduría de la defensa del Menor y la Familia (Prodemefa), Cinthia Pacheco Garrido. 

En la manifestación, Natiluz con ayuda de otras mujeres cerraron el acceso a las instalaciones del lugar, y se solicitó la presencia de la jueza Wendy Yazmín Herrera, debido a una audiencia realizada el pasado 14 de junio, dónde se le promovió la denuncia de abuso sexual, por la abogada Pacheco Garrido. La jueza no se presentó.

Natiluz asegura que vive atemorizada por su hija, ya que dicha abogada y ex procuradora de Prodemefa, aparentemente tomó fotografías de los genitales de la menor, para inculpar a la propia madre, dejando la interrogante de la realidad que puede estar viviendo la niña, que ahora tiene 9 años.

También teme por su propia vida, ya que no tienen los recursos para transportarse, y pagar todas las diligencias, pero sobre todo para protegerse, de lo que sería un caso más de violencia vicaria en Yucatán.