La CNDH y el  Gobierno federal promovieron acciones de inconstitucionalidad en contra de la Reforma Judicial de Yucatán, para invalidar un artículo relacionado con la permanencia de magistrados actuales vinculados al PAN que pretenden seguir en el cargo hasta el 2036

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 15 de mayo de 2025.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió una acción de inconstitucional en contra de la Reforma Judicial de Yucatán, recurso que básicamente plantea invalidar un artículo relacionado con la permanencia en el cargo de seis magistrados actuales del Tribunal Superior de Justicia, a los que se les prorrogó sus funciones hasta el año 2036.

Dicho recurso fue promovido tanto por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como por la Consejería Judicatura del  Gobierno federal. El documento  ya se encuentra en la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf para su estudio.

Se tratan de los expedientes 44/2025 y 45/2025, que fueron acumulados para su análisis, y que busca invalidar artículos de la “reforma a la yucateca” que fue aprobada por unanimidad hace unas semanas en el Congreso del Estado para poder concretarse el actual proceso electoral extraordinaria en el que se elegirá a los nuevos magistrados del Tribunal Superior y del Tribunal de Disciplina Judicial.

Los promoventes solicitan a la Corte invalidar el artículo 8 transitorio, el cual señala que con el objeto de garantizar que la ciudadanía cuente con servidores públicos idóneos y en aras de la inamovilidad de las y los magistrados, serán prorrogados aquellos que están a cargo de las presidencias de las Salas y del Pleno del Tribunal Superior de Justicia hasta la siguiente elección estatal en 2036.

Dichos magistrados están vinculados al exgobernador panista Mauricio Vila Dosal y son Mario Alberto Castro Alcocer, quien preside Sala Colegiada Penal y Civil; Lizette Mimenza Herrera, de la Segunda Sala Penal y Civil; Alberto Salum Ventre, de la Sala Colegiada Civil y Familiar, Mauricio Tappan Silveira, de la Sala Mercantil de Extensión de Dominio y Laboral; Patricia Gamboa Wong, de la Sala Unitaria Especializada en Justicia Penal para Adolescentes; y María Carolina Silvestre Canto Valdés, quien es la presidenta del Tribunal.

Aunque todavía no se sabe cuál será la resolución de la Suprema Corte, todo apunta a que la finalidad de la acción de inconstitucionalidad es que dichos magistrados ligados al PAN tendrían que ser removidos en las elecciones del 2027.

La acción de inconstitucionalidad también solicita invalidar el artículo 70 que indica que la presidencia del Tribunal de Disciplina será designada por dos años consecutivos por el voto mayoritario entre los miembros de éste. La idea es que la presidencia esté a cargo del candidato que obtenga el mayor número de votos en la próxima elección del 1 de junio .