La directora de Cejudi, María Paula Balam Aguilar, evidenció que las y los diputados que desobedecieron la orden judicial están empleando narrativas de prohibición, penalización y de estigma.

Por Paloma Reyes

Mérida, Yucatán, 18 de agosto de 2025.-Con el incumplimiento de la orden de una jueza federal para legislar sobre el aborto, las y los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) están fomentando la discriminación contra las mujeres y personas gestantes con una narrativa de prohibición, penalización y de estigma.

Así lo considera María Paula Balam Aguilar, directora del Centro por la Justicia, Democracia e Igualdad (Cejudi A.C.), quién manifestó en entrevista para Haz Ruido que las y los legisladores que se opusieron por segunda ocasión a modificar el fragmento del artículo 1° Constitucional “que protege la vida desde la fecundación” están obstaculizando el derecho al aborto en Yucatán mediante la confusión y la desinformación en torno al tema.

“El hecho de que no estén siguiendo una orden judicial, no estén siguiendo las sentencias de la Corte tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pues nos demuestra ahí que el derecho, la técnica y su deber han quedado en un segundo plano y creo que eso es algo que nos tendría que preocupar como ciudadanía, pues las personas que nos están representando independientemente de su ideología o de sus creencias personales, no cuentan con las capacidades técnicas para cumplir con su deber”, aseveró.

Argumentó que los representantes de dichos partidos están empleando narrativas de prohibición, penalización y de estigma contra el aborto como una forma de discriminación contra las mujeres y personas gestantes, lo que es grave pues anula sus capacidades y reduce a este grupo poblacional únicamente a su función reproductiva.

“Al final el derecho al aborto no nos lo pueden quitar, pero la ausencia del cumplimiento de su deber lo que sí hace es mandar un mensaje donde están perpetuando una discriminación histórica”, declaró.

Balam Aguilar dijo que espera ver que medidas tomará el juzgado cuando el Congreso notifique su decisión, y en caso de que decida aplicar la multa, dijo que esto evidenciará a los legisladores que no están cumpliendo con su obligación como servidores y servidoras públicas.

“No solamente no están trabajando como como se debe, sino que además también podríamos mirar que es una demostración de una falta de capacidad técnica jurídica que es gravemente preocupante porque al final como diputados y diputadas tendrían que tener el piso mínimo para poder reconocer y respetar los derechos humanos que están en nuestra Constitución”, agregó.

Finalmente, dijo que desde Cejudi A.C. seguirán pendientes de las autoridades de salud en el reconocimiento de los servicios de aborto seguro, procedimientos que no se frenan por esta decisión del legislativo. (Foto de Archivo de Lorenzo Hernández)