La Profepa reconoció la lucha de las y los pobladores de esta comunidad maya quienes durante años han denunciado los impactos a su salud y entorno.

Con la clausura, la empresa Pecuaria Peninsular tendrá que reparar los daños a la comunidad y desmantelar la fábrica de cerdos.

Por Paloma Reyes

Mérida, Yucatán, 9 de septiembre de 2025.-Este martes, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de forma total y definitiva la mega granja porcícola de la empresa Pecuaria Peninsular, ubicada en Santa María Chi, debido al incumplimiento reiterado de siete medidas correctivas, entre ellas, la descarga directa de sus aguas residuales sin permiso y la omisión en la caracterización de sus lodos.

Como hemos documentado en Haz Ruido, las y los pobladores de dicha comisaría maya perteneciente a Mérida han mantenido una lucha constante por diversas vías legales para denunciar el daño que ha ocasionado al agua, aire y suelo la operación de la granja “San Gerardo” perteneciente a dicha empresa y que albergaba 42 mil cerdos.

En un comunicado emitido esta tarde, se precisó que a partir de la clausura, se buscará que la granja repare los daños ocasionados en la zona, a través de la elaboración de un estudio de daño ambiental.

La Profepa aseguró que también dará seguimiento al proceso de desmantelamiento y adecuado abandono del sitio. 

Dicha dependencia indicó que en atención a denuncias presentadas por organizaciones de la sociedad civil y por las comunidades mayas desde el 2021, efectuó visitas de inspección a granjas porcícolas ubicadas en Yucatán en los municipios Muna, Mérida, Kinchil, Izamal, Tizimín, Santa Elena, Conkal, Cacalchén, Hoctún, Hunucmá, Mayapán, Opichén, Maxcanú, Suma, Sotuta, Progreso, Tekax, Tixpéhual, Abalá y Kopomá. 

Dentro de estas acciones, Pecuaria Peninsular fue una de las granjas inspeccionadas y a la que se le han impuesto diversas medidas correctivas.

“Este caso es fundamental para la Profepa; conocemos la lucha de años de las comunidades de la zona, quienes han padecido los impactos y las afectaciones a su calidad de vida y a su entorno. Las vecinas y vecinos de esta empresa se han amparado, han hecho denuncias, han buscado la justicia con autoridades de todos los niveles y hoy la Profepa trabaja con ellos para lograr esta clausura definitiva”, afirmó la procuradora Mariana Boy Tamborrell en un video publicado en las redes oficiales de la dependencia.

En ese tenor, la Profepa indicó que atender la problemática sobre los impactos de las granjas de cerdos en la Península de Yucatán es una prioridad, al igual que atender a las comunidades afectadas y asegurar que se cumpla su derecho al medio ambiente, como parte de su compromiso con la justicia ambiental. 

“Continuaremos trabajando con el fin de garantizar la protección del medio ambiente y la salud pública, y para evitar violaciones del derecho humano al medio ambiente y para regular de forma efectiva a este sector”, concluyó la dependencia.