La morenista María Esther Magadán sostuvo que el pueblo de Yucatán está cansado de la impunidad y de ver cómo algunos políticos, como el exalcalde de Progreso, hacen fortunas familiares con el dinero y el poder público.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 1 de octubre de 2025.- La diputada presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción del Congreso local, María Esther Magadán Alonzo, anunció que solicitaron la intervención de diversas autoridades locales y federales para que investiguen al exalcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, así como a sus familiares, ante la sospeche de cometer diversos delitos como corrupción y huachicol fiscal.

Desde la Tribuna del Pleno del Legislativo, la morenista indicó que el panista habría abusado de su poder para enriquecerse durante sus dos periodos como presidente municipal del mencionado puerto. 

Reveló que hace unos días recibió una denuncia ciudadana anónima que expone con documentos y hechos concretos una serie de irregularidades patrimoniales y actos presuntamente constitutivos de corrupción, como enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y peculado vinculados a Zacarías Curi y familiares directos.

Según la denuncia, durante el periodo 2018 –2024, sus  hijos, de ocupación estudiantes en ese entonces, adquirieron diversos predios de Progreso a precios notoriamente inferiores al valor real de mercado, mientras otras propiedades en la misma zona, con medidas casi idénticas y adquiridos en mismas fechas, se vendieron en precios muy superiores rondando en 6 millones de pesos, operaciones que sugieren un trato privilegiado y simulación de transacciones.

Señala también que uno de estos predios, adquirido en enero de 2024 por uno de los hijos del exalcalde, fue donado posteriormente en usufructo vitalicio a Julian Zacarias y posteriormente arrendado por éste a una empresa privada en 232 mil pesos mensuales por 10 años, en condiciones que generan ingresos millonarios.

La diputada recordó que el referido predio fue recientemente cateado y clausurado por autoridades federales en el marco de investigaciones sobre el robo y venta ilegal de combustibles, conocido como “huachicol fiscal”.
 
Otro caso que dio a conocer María Esther Magadán  es el de una acta de sesión de cabildo,  en la que se otorgó una anuencia definitiva de funcionamiento para un restaurante en el malecón de Progreso solicitado por su representante legal, quien resultó ser el hijo del ex alcalde, negocio vinculado a familiares del mismo, lo cual refuerza la percepción de un uso indebido del poder público para beneficio privado.
 

 “Estamos hablando de que se puede configurar un enriquecimiento personal a costa del poder, de negocios familiares disfrazados de actos legales y de traición al pueblo de Progreso”, acusó.

Por la razón, la morenista dio a conocer que dieron vista de estas irregularidades a la Auditoría Superior del Estado por presunto uso indebido de recursos públicos, al Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial (Insejupy) para que colabore con las autoridades competentes para brindar información sobre el patrimonio declarado por el exalcalde y sus familiares directos para fines de investigación. También recurrieron a la Fiscalía General de la República por presunta participación en hechos relacionados al ¨huachicol fiscal¨ y a la Fiscalía Anticorrupción.
 
“Daremos seguimiento puntual para que este caso no se archive, no se maquille, no se encubra, y sobre todo informaremos a la ciudadanía de cada avance, porque la transparencia no es un favor del gobierno: es un derecho del pueblo”, sentenció.

Agregó que el pueblo de Yucatán está cansado de la impunidad y de ver cómo algunos hacen fortunas familiares con el dinero y el poder público. En ese sentido, recalcó que hoy más que nunca se tiene que recordar que la política no es un medio para el enriquecimiento personal, sino un servicio al pueblo.