El dictamen enviado por el gobernador Joaquín Díaz Mena le devuelve derechos a la base trabajadora, para que las mujeres se jubilen a los 28 años de servicio y los hombres a los 30, elimina el salario regulador y congela las cuotas en 11%

En referencia a los diputados del PAN, el líder de Morena en el Congreso, Wilmer Monforte declaró que no es posible que quienes tuvieron la oportunidad de rectificar los errores del pasado, no lo hagan, y sigan pensando solo en el dinero.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 24 de octubre de 2025.- Con el voto de Morena, Partido del Trabajo, Verde, PRI y Movimiento Ciudadano, el Congreso de Yucatán aprobó la Reforma del Isstey enviada por el gobernador Joaquín Díaz Mena, la cual le devuelve derechos a las y a los trabajadores del Estado, revirtiendo las afectaciones de la controvertida ley del exgobernador panista Mauricio Vila Dosal en 2022.

Únicamente la bancada del PAN votó en contra, pues según su coordinador, Roger Torres Peniche, se trata de un dictamen populista que abrirá un boquete financiero que agotaría la liquidez del Isstey antes del 2028, comprometiendo el futuro de las y los burócratas.

Al respecto, el líder de la bancada de Morena, Wilmer Monforte Marfil, le respondió en la Tribuna sosteniendo que no es posible que quienes tuvieron la oportunidad de rectificar los errores del pasado, no lo hagan, y “sigan pensando solo en el money (dinero)”.

Dijo que durante varios años, los recursos de los trabajadores se desviaron para fines ajenos a su bienestar, que los gobiernos anteriores usaron al instituto como su caja chica y hasta incluso recordó que la administración de Vila vendió las tiendas que beneficiaban a las familias, lo que consideró una muestra del abandono hacia la clase trabajadora.

“No es populismo defender los derechos de la gente, sino cumplir con la palabra empeñada, queremos más beneficios para los trabajadores, sí, pero lo haremos cuidando las finanzas, blindando el dinero de los trabajadores y prohibiendo que se invierta en instrumentos de riesgo”, enfatizó.

Cabe mencionar que la reforma plantea puntos de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) relativo a artículos que invalidó de la Ley del Isstey de Vila por ser inconstitucionales, como por ejemplo, la figura del salario regulador, la cual provocaba que los trabajadores recibieran una jubilación más baja, con el 85% del salario base a partir de un promedio de 20 años. 

La iniciativa de Díaz Mena plantea que se le devuelva a los trabajadores el derecho al retiro a los 55 años de edad, con cotización de 28 años para mujeres y 30 para hombres, eliminando el salario regulador y calculando la pensión con los dos últimos años de salario.

Además, se congelarán las cuotas que les descuentan de su nómina en 11% hasta el año 2030 y se prohibirá que los ahorros de las pensiones se vayan a inversiones de riesgo.

Al respecto, la morenista Maribel Chuc declaró que la reforma es un compromiso con quienes durante años han sostenido la educación, la salud y los servicios del Estado; mientras que su compañero de bancada, Julián Bustillos, señaló que quienes la aprueban están del lado correcto de la historia, “porque la ciudadanía tiene memoria… y no perdona”.

Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano, Larissa Acosta Escalante, sostuvo que la nueva reforma le devuelve a las y los trabajadores del Estado lo que la ley de 2022 les arrebató y que los trataba como cifras, no como personas.

De hecho recordó que los trabajadores se defendieron en los tribunales desde tiempo atrás, cuando un descuento arbitrario les arrebató parte de su ingreso. De igual forma destacó que salieron a las calles a luchar por sus derechos, en el bloqueo del periférico, donde ellas y ellos se plantaron ante la inminente aprobación de aquella Ley injusta.

Larissa Acosta señaló que ahora se establece un cerco estricto, garantizando que los recursos solo se inviertan en instrumentos regulados de bajo riesgo, prohibiendo las operaciones especulativas, “porque los ahorros de los trabajadores no son para apostar en la bolsa, son para asegurar un retiro digno”.

Y aunque votó a favor, el diputado del PRI,  Gaspar Quintal Parra, advirtió que el dictamen se queda corto, ya que no logra el objetivo esencial de asegurar en forma amplia el respeto y la protección de los derechos laborales, ni garantiza la viabilidad financiera del Instituto.

De hecho criticó que el dictamen fue omiso al no incluir la propuesta del PRI para tipificar como delito la omisión y retención indebida de cuotas de seguridad social dentro del Código Penal, una medida indispensable para blindar las pensiones contra futuros desfalcos.

Por cierto, Quintal Parra y Roger Torres aprovecharon el uso de la Tribuna para dejar claro que en el dictamen no se incluyó ninguna propuesta de los dirigentes sindicales que comparecieron hace unos días en el Congreso, como por ejemplo, el reconocimiento del derecho de cesantía en edad avanzada y la posibilidad de optar por el seguro de ésta.

Al final, cuando se realizó la votación y se aprobó por mayoría, los trabajadores presentes en el recinto legislativo festejaron y vitorearon que “el pueblo unido jamás será vencido”.