Finaliza persecución penal contra subcomisario de Santa Maria Chi

El juez determinó el sobreseimiento de la carpeta de investigación contra Wilberth Nahuat, al quedar claro que la megagranja de cerdos inventó los delitos.
Por Herbeth Escalante
Mérida, Yucatán, 30 de octubre de 2025.- En audiencia celebrada esta tarde en el Centro de Justicia Oral de Mérida, el juez de control Santos May Tinal determinó procedente otorgar el sobreseimiento de la carpeta de investigación en contra del subcomisario de Santa Maria Chi, Wilberth Nahuat Puc, quien fue falsamente acusado por la granja porcícola San Gerardo de cometer diversos delitos.
Como hemos dado seguimiento, el subcomisario fue denunciado penalmente tras encabezar una lucha social para detener la contaminación provocada por dicha fábrica de cerdos en la mencionada comunidad maya de Mérida.
La empresa lo acusó de supuestamente cometer despojo de inmueble y de privación ilegal de la libertad de tres guardias de seguridad, cuando en realidad se trató de una protesta pacífica en las puertas de ese lugar.
Finalmente, el juez confirmó que era procedente sobreseer el expediente 334/2024, a pocos días de que la propia Fiscalía de Yucatán decidió no ejercer acción penal en contra de Wilberth Nahuat al llegar a la conclusión que nunca cometió esos delitos.
Cabe mencionar que el asesor jurídico de la granja San Gerardo, de nombre Miguel B., insistió en que continúe el proceso penal en contra del subcomisario, por lo que incluso en la mañana presentó un recurso de revocación para que la audiencia no se celebre.
Sin embargo, el juez Santos May fue contundente en pronunciarse a favor del sobreseimiento del caso, es decir, finalizó la persecución penal en contra de Wilberth Nahuat.
Cabe señalar que esta denuncia por parte de la empresa porcícola fue catalogada por activistas de derechos humanos y organizaciones civiles como un intento de criminalización de la protesta por la defensa del territorio.
Y como se sabe, la mencionada megagranja de cerdos fue clausurada hace unas semanas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), debido al incumplimiento reiterado de diversas medidas correctivas, entre ellas, la descarga directa de sus aguas residuales sin permiso, lo que ponía en riesgo el medioambiente de Santa Maria Chi.








