La diputada de Morena propuso reducir el plazo de 90 a 60 días de no cumplir con el pago de pensión para considerar a alguien como deudor alimentario moroso.

Por Redacción

Mérida, Yucatán, 12 de noviembre de 2025.- Con la finalidad de garantizar el derecho a la alimentación de las niñas, niños y adolescentes y promover la justicia familiar en Yucatán, la diputada de Morena, Clara Paola Rosales Montiel, presentó una iniciativa para reducir el plazo de 90 a 60 días de incumplimiento de obligaciones alimentarias para considerar a una persona como morosa. 

Explicó que actualmente, la Ley de la Fiscalía del Estado  considera moroso al deudor alimentario después de 90 días naturales de incumplimiento; sin embargo, este plazo prolongado genera afectaciones graves para las familias, tanto económicas como emocionales. 

“90 días pueden significar que un niño deje de ir a la escuela, que una madre no pueda pagar la renta o que falte comida en la mesa. O peor aún, que la madre tenga que pedir préstamos para solventar medicamentos o útiles escolares que requieran sus hijos o hijas”, precisó.

Desde la Tribuna del Congreso del Estado, Clara Rosales propuso reducir ese plazo a 60 días, para agilizar la restitución de los derechos alimentarios y evitar las afectaciones económicas y emocionales que enfrentan las familias.

“Reducir el plazo de 90 a 60 días sería una medida de justicia y equidad. Las madres no pueden suspender su responsabilidad de alimentar y cuidar, por lo tanto, el Estado debe actuar con la misma rapidez frente al incumplimiento de los deudores alimentarios”, señaló Clara Rosales.

Recordó que desde el 4 de enero del 2022, el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Estado de Yucatán permite identificar y difundir información sobre personas que incumplen con el pago de pensiones alimenticias, con el fin de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. Por tal razón, esta iniciativa servirá como herramienta para agilizar el cumplimiento forzoso de dichas pensiones. 

“La falta de cumplimiento en el pago de pensiones alimenticias es uno de los problemas sociales más persistentes y dolorosos que enfrentan muchas familias. No es solo un tema económico; es una forma de violencia estructural que profundiza las desigualdades de género y condena a miles de mujeres a sostener solas la carga del cuidado, el trabajo doméstico y la manutención de sus hijas e hijos”, sostuvo.

Durante su intervención, Clara Rosales recordó las dificultades que tuvo que enfrentar su madre para poder sacarla adelante en la infancia, debido a que en esos tiempos no era tan accesible utilizar las herramientas jurídicas para obligar a los deudores alimentarios a cumplir con sus obligaciones.

“Garantizar el derecho a los alimentos no es un favor, es un deber constitucional y ético. Hablar de justicia social implica hablar de equidad de género, de protección a la niñez y de poner en el centro la vida digna de las personas más vulnerables.Porque una sociedad justa no puede permitir que el abandono económico se normalice”, exclamó.