La persona afectada presentó una queja en contra de la directora de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas debido a que esta dependencia no le brindó la asesoría jurídica necesaria para su proceso.

Por Redacción

Mérida, Yucatán 6 de septiembre de 2024.– La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) emitió la recomendación 08/2024 dirigida a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas  y a su directora general, Beatriz Zavala Peniche, debido a que fueron vulnerados los derechos de una persona a la legalidad, a la seguridad jurídica y a recibir asesoría jurídica adecuada.

En un comunicado, se explicó que una persona compareció ante la CODHEY para interponer una queja en contra de Zavala Peniche, señalando que no recibió la asesoría legal adecuada por parte de la Comisión Ejecutiva. Esta falta de apoyo legal perjudicó sus posibilidades de obtener justicia y reparación integral en los procesos en los que estaba involucrado como víctima.

La CODHEY constató la transgresión de diversos derechos humanos al comprobarse que la asesoría jurídica brindada en los procedimientos penales no cumplía con la debida diligencia y profesionalización que el ordenamiento legal en materia de víctimas estipula.

Por lo que también recomendó iniciar un procedimiento disciplinario y/o administrativo en contra del servidor público Guillermo Alejandro Uc Chi, nombrado como asesor jurídico por la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas en las carpetas de investigación que involucran al agraviado por haber vulnerado su derecho a la legalidad y seguridad jurídica en su modalidad de ejercicio indebido de la función pública, así como derecho a recibir asesoría para la defensa de sus intereses.

El resultado de dicho procedimiento deberá ser agregado al expediente personal de dicho servidor público, con independencia de que continúe laborando o no para la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.

En otro punto, y como garantía de no repetición, se recomendó que en las carpetas de investigación y en la averiguación previa que involucran al agraviado, se designen de manera adecuada y oportuna a las personas servidoras públicas que fungirán como asesores jurídicos o, en caso de estar ya designados, que garanticen una representación jurídica adecuada, para no incurrir en más transgresiones a los derechos humanos.

Además, se recomendó que los asesores jurídicos designados sean Licenciados en Derecho con pleno conocimiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral.

El tercer punto y atendiendo a la garantía de no repetición, recomendó impartir cursos de capacitación a los servidores públicos que conforman el cuerpo de asesores jurídicos de dicha Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.

Finalmente, para garantizar la profesionalización permanente del personal, se recomienda someterlos a exámenes periódicos, a fin de tener la certeza sobre su plena preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus funciones y, en su caso, tomar las medidas necesarias para reforzar las áreas donde puedan presentarse deficiencias y evitar así incurrir en conductas violatorias a los derechos humanos.

Por ello, la CODHEY hizo un llamado a las autoridades competentes para que tomen las medidas necesarias para garantizar que todas las víctimas tengan acceso a una asesoría legal de calidad y puedan ejercer plenamente sus derechos.