Organizaciones y personas defensoras de derechos humanos denunciaron que instancias judiciales desechan, sin hacer un análisis profundo, los recursos que los pueblos originarios interponen para defender su territorio del megaproyecto del Tren Maya.

Por Claudia Arriaga

Mérida, Yucatán, 29 de septiembre de 2020.- Organizaciones y personas defensoras de derechos humanos denunciaron la confabulación de los Poderes Ejecutivo y Judicial, a nivel federal, para obstaculizar el acceso a la justicia de los pueblos originarios que defienden su territorio del Tren Maya.

En rueda de prensa, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Múuch’ Xíinbal”, Indignación, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y el Colectivo Maya “Chuun t’aan”, entre otras asociaciones, criticaron que en Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Chiapas las instancias judiciales han desechado los recursos interpuestos en contra de este megaproyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el caso de Yucatán, recordaron que los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Décimocuarto Circuito, con sede en Mérida, ya han desechado sus demandas, asegurando que las comunidades que impugnan no tienen interés legítimo, es decir, que no hay un grado de afectación directo.

“Es obligación de los jueces, cuando se reclame un interés colectivo, dar entrada y conocer el amparo para definir el grado de afectación. No puedes no admitir una demanda porque es contrario al derecho de acceso a las comunidades”, explicó el representante de Indignación, Jorge Fernández Mendiburu. 

Esta situación no es exclusiva de Yucatán. En Campeche, no se concedió la suspensión provisional de las obras del Tren Maya a las y los habitantes de más de 290 viviendas ubicadas en la Ermita, Camino Real y Estación Antigua de esa capital, quienes integran el colectivo de Tres Barrios y defienden sus predios.

“Al no darnos el amparo, el Poder Judicial nos va a desenraizar de nuestras costumbres y tradiciones. Este año no hubo Navidad en esa porción de Campeche, porque con acoso de las  autoridades pensamos que vendrán y nos desplazarán de las viviendas”, comentó Guadalupe Cáceres, representante de Tres Barrios.

Recordó que interpusieron un amparo el 25 de abril, el cual fue admitido el 5 de mayo en el Juzgado Primero Federal, y el 7 de agosto se amplió una demanda vía electrónica que solicita a la jueza la reubicación de las vías del ferrocarril. Ahora, en lo que se resuelve el asunto, se encuentran en la incertidumbre, dijo.

En Chiapas, los magistrados del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa revocaron la suspensión provisional de las labores de construcción del Tren Maya, en el tramo Palenque – Escárcega, que se había otorgado para salvaguardar la salud del pueblo ch’ol durante la pandemia de Covid-19.

Mientras que en Quintana Roo pobladoras y pobladores de Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José María y Morelos presentaron un amparo ante el Juez Primero de Distrito, con residencia en Chetumal, quien se declaró incompetente y turnó el caso al Juzgado de Distrito de Cancún.

Los amparos presentados por los pueblos en la defensa de sus territorio están fundamentados en la violacion de la libre determinación, pues aunque hubo una consulta, esta estuvo lejos de cumplir los estándares internacionales, recalcaron ante medios de comunicación.