Como parte del proceso para solicitar el retiro de la suspensión de la fábrica de Homún, la controvertida empresa presentó ante el juez un dictamen que supuestamente emitió la UNAM, el cual resultó ser apócrifo.

Por Redacción

Mérida, Yucatán, 11 de abril del 2022.-El comité maya Kanan Ts’ono’ot (Guardianes de los cenotes) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Yucatán en contra de la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO), por presentar un documento falso como prueba para solicitar al Juzgado Segundo de Distrito el retiro de la suspensión de operaciones impuesta a la mega granja de cerdos localizada en Homún.

Como se recordará, en octubre del 2018, quien era entonces la Jueza Cuarta de Distrito, Miriam Cámara Patrón, resolvió paralizar las actividades de la fábrica de cerdos ante un potencial riesgo de contaminación al agua, aire y de daño a la salud humana en Homún. Aunque la empresa intentó revocar esa decisión, incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ratificó la suspensión.

Ante esa situación, el apoderado legal de PAPO solicitó de nuevo que se quitara esa medida. En esa ocasión, adjuntó un documento con el membrete de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), supuestamente firmado por la Dirección de Obras y Conservación de la UNAM, en el que se concluyó que el sistema de tratamiento de las aguas residuales que se ha instalado en la granja tiene las etapas necesarias para entregar agua tratada con la calidad que estipulan las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), de forma que “no causará problema alguno, el agua no se evaporará por las condiciones climáticas de la zona, no se filtrará al subsuelo ni podrá llegar al manto freático o acuífero”.

Como respuesta a este documento, los representantes de la infancia de Homún y del colectivo Kanan Ts’ono’ot, solicitaron en agosto del 2021 información del mencionado documento a la Máxima Casa de Estudios. Un par de días después, recibieron respuesta de Jorge Barrera Gutiérrez, Director General de Asuntos Jurídicos dependiente de la Oficina de la Abogacía General de la UNAM, quien como representante legal de la institución contestó que el oficio presentado como prueba “no fue emanado y/o suscrito por autoridad universitaria alguna”.

Esto se dio a conocer al Juez Segundo de Distrito, a quien se le solicitó remitir el caso a la FGR para que inicie una investigación conforme al artículo 261 de la Ley de Amparo. El Juzgado decidió no hacerlo, sino suspender el procedimiento incidental, porque existía una queja pendiente de resolverse.

Con todo esto, se presume que PAPO, su apoderado legal y otras personas podrían ser responsables de falsificar documentos de la UNAM, con la finalidad de revocar a como dé lugar la suspensión definitiva impuesta a la megagranja.

Ante la falta de acción del juez , Kanan Ts’ono’ot decidió presentar una denuncia ante la FGR, con la finalidad de exigirle a las autoridades que investiguen los hechos, se deslinden responsabilidades y en su caso, se sancione a quienes hayan cometido este delito, al aportar pruebas falsas durante un juicio de amparo, con el único fin de influir en la decisión del Juez Segundo de Distrito, Rogelio Leal Mota, para que retire la suspensión de actividades contra de la mega granja porcícola de PAPO, decisión que será resuelta el lunes 18 de abril.

“Es inaceptable el uso de documentos falsos para pedir que se reactiven las actividades de la megagranja de 49 mil cerdos que afectará el derecho al agua, el medio ambiente sano, la salud y la libre determinación de la niñez y el pueblo maya de Homún. Por ello esperamos 
que el Poder Judicial tome las acciones necesarias para garantizar el acceso a la justicia de la infancia y la comunidad de Homún”, sostuvieron dicho comité y la asociación civil Indignación.

En cuanto a la actuación de PAPO, aparcera de Kekén, recordaron que los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), establecen que las compañías deben de respetar todos los derechos humanos, incluyendo esfuerzos para garantizar el cumplimiento de los derechos en su cadena de suministro. Además, no deben entorpecer procesos judiciales. 

“Ante las acciones de PAPO, preocupa que Kekén no niegue públicamente cualquier posibilidad de trabajar con esta empresa ahora y en el futuro”, indicaron.