Con 18 votos y en medio de una discusión entre Echazarreta y Pérez Ballote, eligen a Mario Alberto Castro Alcocer como magistrado del Tribunal Superior de Justicia.

Por su parte, el PRI votó en contra de las modificaciones a la Ley del Notariado, argumentando que la función notarial se estaría sometiendo a la discrecionalidad de funcionarios menores del Gobierno.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán,  31 de mayo de 2022.- En el último día del segundo periodo ordinario de sesiones, el Congreso del Estado aprobó la designación de un nuevo magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán así como cambios a la Ley del Notariado, temas en los que el PAN hice valer su mayoría.

Con 16 votos se eligió a Mario Alberto Castro Alcocer como magistrado, mientras que los otros dos candidatos de la terna que envió el gobernador Mauricio Vila Dosal no recibieron sufragios de los diputados. Además, hubo ocho votos nulos.

Previo a la votación, los diputados de Morena, Rafael Echazarreta Torres, y del PAN, Jesús Pérez Ballote, se enfrascaron en una discusión sobre el proceso para avalar los requisitos de los aspirantes al cargo.

El morenista recalcó que los candidatos no calificaban para el puesto de magistrado, que sus carreras profesionales estuvieron siempre subordinados al gobernador y que sólo les faltó presentar su credencial de filiación al PAN para ser designados, por lo que consideró injusto que les ofrecieran un trabajo por 15 años sin merecerlo.

Por su parte, el panista lamentó la interpretación jurídica temeraria de Echazarreta sobre el proceso de designación y recalcó que todos los candidatos cumplieron con los requisitos que marca la ley.

Al final, Castro Alcocer se presentó en el Pleno y rindió protesta ante la LXIII Legislatura, por lo que ocupará la vacante que dejó el magistrado Jorge Rivero Evia, quien solicitó su retiro anticipado para no perder su pensión vitalicia.

En cuanto a las modificaciones a la Ley de Notariado, se aprobó por mayoría con propuestas de última hora del panista Luis Fernández Vidal, en puntos como la aplicación del examen psicométrico para evaluar las aptitudes mentales y cognitivas de los aspirantes a Notarios Públicos.

Durante la discusión, el coordinador de la bancada del PRI, Gaspar Quintal Parra, señaló que votarían en contra del dictamen, ya que éste provocaría la burocratización de los servicios notariales, las sometería a la discrecionalidad de funcionarios menores y engrosaría las atribuciones de la Consejería Jurídica, impactando de manera negativa a la ciudadanía que requiere de los servicios de los Notarios Públicos de Yucatán.

Recalcó que durante el análisis de la iniciativa en la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y Gobernación no se tomó en consideración gran parte de las 14 propuestas que presentó, a pesar de que estaban sustentadas en la experiencia y conocimientos de los notarios.

Es decir, no se incluyeron las aportaciones de quienes realizan la función notarial con alto nivel de profesionalismo y ética, las cuales impulsó el PRI por su apego al derecho, su contenido lógico, coherencia y viabilidad en cada una de ellas.

En ese sentido, advirtió que el dictamen aprobado en el Congreso local sometería la función notarial a la discrecionalidad de la administración, corriendo un alto riesgo de burocratizar y, de igual manera, engrosando las atribuciones del Poder Ejecutivo. 

“Coincidimos en que regular la actividad notarial es correcto, pero se debe tener sumo cuidado de no sobrepasar esa regulación, al grado de llegar a someterla a la discrecionalidad de funcionarios menores del Poder Ejecutivo”, sostuvo Gaspar Quintal en la Tribuna del Congreso para justificar el voto en contra del PRI.