Por Claudia Arriaga

Mérida, Yucatán, 14 de enero del 2021.- En el mes de agosto pasado, un grupo de empacadores, adultas y adultos mayores, protestó frente a Palacio de Gobierno para solicitarle a las autoridades su intervención para permitirles regresar a sus empleos en los supermercados. La respuesta fue la entrega de despensas para unos cuantos durante un breve tiempo.

Entre ese grupo, se encontraba la señora Yolanda Bochas, quien a sus 67 años de edad, cansada de ser ignorada por el Estado aceptó un empleo como “viene, viene”, irónicamente afuera de un supermercado. Y como ella, hay decenas de mujeres y hombres que pertenecen a la población vulnerable en esta pandemia que no pueden quedarse en casa por falta de recursos económicos.

Lamentablemente a casi dos meses de cumplirse un año de la emergencia sanitaria del Covid-19, tampoco se pusieron en marcha políticas públicas enfocadas a mejorar la situación de este sector poblacional.

Además, esta modalidad de trabajo es considerada una forma de explotación que es tolerada por los gobiernos, en la cual, las grandes cadenas se benefician con el servicio que ofrecen los empacadores, pero no los contratan, ni les ofrecen un salario fijo.

“Este sistema de explotación es una forma de violentar a los adultos mayores y lo saben los gobiernos, por eso en tiempos de pandemia no pueden permitir que se pongan en situación riesgo con su aval, pero al no tener opciones más que un programa de pensiones  están dejándolos  a su suerte. El gobierno no está cumpliendo con el derecho humano de atender a los adultos mayores adecuadamente en situación de pandemia, en términos médicos y económicos”, explicó la investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Gina Villagómez Valdez.

Las personas adultas mayores siempre han sido invisibilizados en la sociedad, pero la pandemia empeoró su situación.

Villagómez Valdez señaló que debería existir un sistema con perspectiva de vejez para estas personas, así como una ley de acceso a la no violencia enfocada a atender las diferentes necesidades que enfrentan. “Es una violencia institucional en la medida en la que por omisión de responsabilidad les prohíben trabajar, pero no les dan otra opción para poder sobrevivir y entonces tienen que salir a la calle”, acotó.

Por otro lado, con la pandemia también hay casos en los que los adultos mayores –sobre todo en los municipios del interior del estado- son quienes utilizan sus recursos para sostener a la familia, ya que el desempleo afectó a sus hijas, hijos, nietos y demás. También hay quienes venden sus tierras y animales para poder comer.

Por ejemplo, Miguel Ángel Zapata Maya, de 65 años, trabajaba como empacador para poder completar los gastos de quimioterapia de su nieta y apoyar a otros dos que tiene bajo su cuidado. Al igual que Yolanda, buscó empleo en la calle como “viene, viene”.

Para Gina Villagómez,  una de las acciones que el Gobierno del Estado podría llevar a cabo a corto plazo en esta situación de emergencia, es un programa emergente en el que reparta apoyos a las personas de este grupo poblacional.

“En este momento ya debería haberse asignado una bolsa particular para apoyar a la gente mayor en la pandemia, cuando menos para que tengan alimento. Podría realizarse con apoyo federal y de los presidentes municipales para su distribución, ellos saben cómo identificar a su población con mayor necesidad económica”, puntualizó. (Foto de Lorenzo Hernández)