La candidata de MC recalcó que el contrato de cesión parcial no llegará por parte de la Secretaría de la Marina, ya que la Ley OEMY invadía facultades de la federación.

Por Redacción

Mérida, Yucatán, 20 de febrero de 2024.- Luego de que la Secretaría de Marina (Semar) canceló el Convenio de colaboración con el Gobierno del Estado relativo a la ampliación y modernización del Puerto de Altura de Progreso, la candidata de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Vida Gómez Herrera, declaró que se tiene que cancelar la deuda de 3 mil 63 millones de pesos lo antes posible. 

“Recordemos que esta deuda se contrató específicamente para el proyecto y el argumento que dieron las autoridades a las diputadas y a los diputados de la Legislatura actual era el Convenio de colaboración, pero éste ya se canceló”, dijo. 

Como hemos informado, a los pocos días de que el Congreso del Estado  aprobó la Ley de la Operadora Energética y Marítima de Yucatán (Ley OEMY), la Semar determinó que ésta contraviene lo establecido en la Ley de Puertos, por tal razón ya no seguirá participando en esas condiciones en el convenio que firmó con el Gobierno del Estado relativo al proyecto de ampliación del Puerto de Altura de Progreso.

En un oficio, firmado por el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, se precisó que las atribuciones otorgadas a la nueva paraestatal del Gobierno del Estado, a través de la Ley OEMY, para administrar y brindar diversos servicios en el Puerto de Altura, sobrepasan los alcances establecidos en el Convenio y contravienen lo establecido en la Ley de Puertos en relación a los derechos y obligaciones de un cesionario sobre los bienes del dominio público de la federación.

En ese contexto, Vida Gómez recordó que durante la discusión en el Congreso sobre esta ley que regula a la Operadora Energética y Marítima de Yucatán, Movimiento Ciudadano solicitó como garantía de su aprobación el contrato de cesión parcial, mismo que no se tenía. 

“Por ello la diputada naranja, Gabriela González Ojeda, votó en contra de esa ley. No tiene ningún sentido que el estado tenga una operadora portuaria, cuando no administra ningún puerto, ni ninguna terminal. Ahora vemos que ese contrato de cesión parcial no llegará al terminarse el Convenio, y que la aprobación de esa ley incluso invadía facultades de la federación, y ese fue justamente el motivo por el que el proyecto entró en este punto muerto”, apuntó. 

Vida Gómez recalcó que “la siguiente gobernadora de Yucatán” debe, incluso antes de entrar en funciones, comenzar las negociaciones con las nuevas autoridades federales sobre ese tema, porque ya se ha perdido mucho tiempo.

“Lo que sigue es tener autoridades capaces de negociar y de diseñar un nuevo proyecto que sí se apegue a las leyes que regulan los puertos mexicanos”, agregó. 

La exdiputada recordó que el Puerto de Altura de Progreso es un puerto federal, administrado por la Secretaría de Marina a través de la ASIPONA, por lo tanto es al Gobierno federal a quien le corresponde financiar las obras de modernización. 

“Si en cinco años, el Gobierno estatal no logró concretar el proyecto, es muy poco probable que en pocos meses lo logre. Sobre todo sabiendo que la Secretaría de Marina ya no tiene intenciones de continuar colaborando”, finalizó.