Familiares de Marilyn Mena Irigoyen insisten en que la joven no se suicidó y describieron irregularidades que han ocurrido durante las investigaciones. Exigieron a las autoridades hacer todas las diligencias necesarias para determinar con exactitud qué ocurrió. 

Texto y fotografías de Lilia Balam

Mérida, Yucatán, 22 de marzo del 2022.- Lleno de impotencia, rabia, frustración, enojo y dolor. Así ha sido el año para familiares de Marilyn Mena Irigoyen, quien fue encontrada sin vida en su departamento en febrero del 2021. Pero eso no les detiene: siguen luchando para esclarecer los hechos alrededor del fallecimiento. No fue un suicidio, insisten.

Recalcan que han ocurrido varias irregularidades durante las investigaciones y exigen a las autoridades estatales avanzar en la investigación del caso y se esclarezca su muerte.

Como se recordará, a principios de febrero del año pasado fue hallado el cuerpo de la joven contadora en el sitio donde vivía. Aunque el Servicio Médico Forense (Semefo) dictaminó asfixia mecánica por ahorcamiento como la causa de la muerte, la familia dudó de esa versión.

Esto porque Marilyn tenía tendonitis en las dos manos y se le dificultaba realizar actividades simples, como abrir un refresco. Además, en ningún momento dio señales de querer cometer suicidio. Había hecho planes a futuro: incluso agendó dos viajes para mediano plazo. 

Por otro lado, parientes de la joven indicaron que al cuerpo no se le practicó un examen toxicológico y el personal del Semefo insistió en varias ocasiones que fuera embalsamado. La Fiscalía General del Estado (FGE), no les permitió ver cómo se encontraba la vivienda al momento del hallazgo y confiscó algunos objetos personales de la joven, como su computadora y dos teléfonos celulares.

Algunas familiares de Marilyn sospecharon que su ex pareja, R.P.A., hermano de un senador del Partido Acción Nacional (PAN), estaba vinculado con los hechos, pues supieron por amistades de la joven que la sometía a violencia psicológica.

Aunque la madre de la contadora, Marilyn Irigoyen Suárez, presentó una denuncia ante la FGE para iniciar las pesquisas y deslindar responsabilidades, a la fecha no ha visto ningún avance y ha detectado más irregularidades. De hecho, ni siquiera ha tenido acceso a la carpeta de investigación: Solamente le han entregado fotos de la autopsia y de un peritaje. 

“Según las autoridades, ya entrevistaron al hombre del que sospechamos y no encontraron ningún indicio de que fuera culpable. Nos entregaron la computadora de Marilyn porque la estuvimos pidiendo, pero cuando la abrimos notamos que todas las cuentas de sus redes sociales estaban cerradas y les cambiaron las contraseñas”, precisó Cinthya Irigoyen Irigoyen, prima de la joven. 

El mes pasado, la mamá y la prima de Marilyn acudieron al departamento donde ocurrieron los hechos para hacer unos trámites. Aunque el sitio permanece acordonado y supuestamente nadie puede entrar, notaron que las ventanas estaban abiertas. 

Desde afuera tomaron fotos, las compararon con otras que tenían del año pasado y notaron que los objetos estaban revueltos e incluso faltaban algunas cosas. Sospecharon que alguien ingresó para llevarse cosas y lo reportaron a la Fiscalía, que acudió a revisar el inmueble. Pero el personal de la dependencia desestimó los señalamientos. 

“Dijeron que los ratones lo hicieron todo. A nosotras no nos dio la impresión de que hubiera sido un animal”, señalaron. 

Además, en meses anteriores recibieron una llamada extraña de una mujer, quien no se identificó pero les dijo que Marilyn había intentado denunciar a su ex pareja. “Me contó que una persona que trabajaba en la Fiscalía le comentó que mi prima fue a poner una denuncia pero no le hicieron caso”, recordó Cinthya. 

Aunque la madre de la joven fue a varias dependencias para tratar de encontrar información al respecto, las autoridades solamente le dijeron que no había registros de alguna denuncia.  

“Me siento con rabia e impotencia, frustración, enojo, decepción de las autoridades que no nos quieren ayudar a esclarecer esto. Porque sí podrían, pero no quieren. Es sumamente difícil regresar a la vida cotidiana”, admitió la señora Marilyn. 

Ambas comenzaron a tomar terapia psicológica, ofrecida por la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), pero las sesiones eran en un sitio alejado para las dos, además de que las fechas solían estar muy distanciadas, por lo cual dejaron de ir. 

Pese a los obstáculos, la flama de la lucha no se ha apagado. Ellas están decididas a llegar hasta la última instancia para saber con certeza qué le pasó a Marilyn. El hecho de conocer otros casos similares, ocurridos el año pasado, les da otro motivo para continuar. 

“Al poco tiempo de lo que le pasó a mi prima me contactó una señora, porque sospechaba que a su hija la mataron. Me contó cómo estuvo el proceso con la Fiscalía y resulta que le pasó casi lo mismo que a nosotras: le dijeron que no estaba embarazada, que no se le pudo hacer un examen toxicológico y mil trabas más”, explicó Cinthya. 

Por eso, una vez más, exigieron a las autoridades estatales hacer su trabajo y no seguir protegiendo a quienes tienen información sobre lo ocurrido. 

“No dejen impune ni este ni ningún crimen contra las mujeres. Llamen a los feminicidios tal cual: feminicidios. No es posible que los sigan tratando como su fueran la muerte de un perro o un gato. Son personas que no tendrían porque morir, deberían seguir con sus familias. ¿Qué esperan para hacer algo contra esos sujetos que asesinan, que atacan? Porque no es posible que sigan muy campantes en la calle, viviendo su vida, mientras que las familias que perdieron hijas, madres, hermanas o amigas estén sufriendo esa pérdida sin tener un poquito de paz y de justicia”, concluyeron. 

Cabe mencionar que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Yucatán ha registrado al menos 29 casos de suicidio que se sospecha que fueron feminicidios. Hasta el 2021, la agrupación había brindado acompañamiento a dos familias que lograron reabrir las carpetas de investigación.