Desde sexenios atrás se promueve el discurso que define a nuestro estado como un paraíso de seguridad, pero lo que no se dice es que se siguen violando derechos humanos. 

Por Roberto Ortiz Flores.

Mérida, Yucatán, 4 de febrero de 2020.-A pesar de que las autoridades, desde sexenios atrás, promueven el discurso de que Yucatán es el paraíso de la seguridad, la realidad es que también es uno de los estados con mayor prevalencia de discriminación e impunidad,  de acuerdo con el documento “Derechos Humanos en Contexto: Aproximaciones para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil”, 

El análisis contextual presentado en dicho documento elaborado por la asociación Elementa Derechos Humanos en conjunto con el Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), toma como punto de partida precisamente esa característica, la de vivir en un “estado seguro”.

Sí, esa cualidad fue implementada en nuestro territorio desde  el año 2008, cuando el expresidente Felipe Calderón Hinojosa y su homólogo estadounidense George Bush firmaron la “Iniciativa Mérida”, durante la gestión de la priísta Ivonne Ortega Pacheco.

Desde aquel momento, las administraciones panistas y priístas que han gobernado buscaron mantener el discurso que define a Yucatán como un paraíso de seguridad en todo el país. La estrategia de “estado seguro” ha llevado a una ampliación en la inversión  de infraestructura de seguridad a lo largo del estado, con mucho dinero de por medio.

Como se recordará, en julio de 2019, el Congreso local autorizó un empréstito de dos mil 620 millones de pesos solicitados por el Ejecutivo Estatal para la estrategia Yucatán Seguro. Con dichos fondos se pretende adquirir patrullas, un avión, equipamiento de alta tecnología y  cámaras de seguridad, entre otras infraestructuras. 

A pesar de todo esto, el aumento de seguridad no ha traído consigo la paz generalizada que tanto se pregona dentro y fuera del estado. Muestra de ello, son los 385 expedientes de quejas registradas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhey) el año pasado, siendo la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) como la principal autoridad señalada como responsable de violaciones a los derechos humanos, con 196. 

 Dichas actos fueron cometidas por agentes policiacos y por lo tanto, dicho órgano autónomo emitió 11 recomendaciones a esa corporación en 2019.  

Comparado con el resto del país, Yucatán no es muy diferente en esta materia ya que los delitos y violaciones a derechos humanos que se cometen quedan en total impunidad. En el estado no se investigan, juzgan, ni se sancionan estas violaciones, a pesar de ser el “estado más seguro” del país.

La entidad se ubica en el lugar 18 dentro de la categoría “impunidad alta” del último reporte sobre el Índice Global de la Impunidad a nivel nacional. Esto a consecuencia de que solo 987  (12 por ciento)  de las 8 mil 176  averiguaciones previas o carpetas de investigación se integraron en causas penales; de los 34 mil 716 presuntos delitos cometidos en el estado, solo el 0.31 por ciento, es decir, 108 de ellos concluyeron con una sentencia, “reportando un retraso importante en la integración de carpetas de investigación”.

Aunado a la impunidad, en la entidad se reporta “opacidad en el Poder Judicial del Estado” y posibilidades reducidas de un acceso efectivo a la justicia, ya que de acuerdo con el reporte (In)Justicia Abierta, de las mil 425 sentencias emitidas, solo el 13.6 por ciento son públicas.

De acuerdo con el diagnóstico de Elementa, en el estado también existe una alta prevalencia de discriminación. Los grupos más vulnerados son la comunidad LGBTI+, las mujeres, personas en situación de pobreza, indígenas, personas con discapacidad y adultos mayores. Asimismo, las características como el color de la piel, ser mayahablante, la estatura y portar huipil son de las mayores causas de discriminación.

De igual forma, el 64.3 por ciento de las personas adultas en el estado no justifica la convivencia de parejas del mismo sexo y poco más del 50 por ciento rechaza que se practiquen costumbres o tradiciones ajenas a las mexicanas. 

Por otro lado, el 21 por ciento  de la población mayor de 18 años declaró haber sido discriminada  por algún motivo o condición personal en la escuela y el trabajo, lugares donde este fenómeno se presenta con mayor frecuencia.