Con el respaldo del PVEM y el PT, pretenden modificar la Ley de Protección al Medio Ambiente para que las autoridades estén obligadas a reportar estos daños y asesorar a las comunidades afectadas.

Por Paloma Reyes

Mérida, Yucatán, 18 de septiembre de 2025.-La bancada de Morena presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán para evitar que ocurra otro daño al ecosistema como el ocasionado por una megagranja porcícola en la comunidad maya de Santa Maria Chi.

Desde la Tribuna del Congreso del Estado, la diputada Estefanía Baeza Martínez presentó la iniciativa con proyecto de decreto a nombre de la bancada de Morena, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT), misma con la que se pretende adicionar un segundo, tercero y cuarto párrafos al artículo 109 de la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán.

Como ejemplo, recordó el caso de la granja porcícola de la comisaría de Santa María Chi, ubicada en Mérida, que por años mantuvo operaciones siendo inobservante de la propia ley y de las autoridades en materia ambiental, lo que recientemente llevó, a su clausura total.

“Lo anterior, con el respaldo de permisos de funcionamiento, otorgados por la autoridad municipal donde se ubica la comisaria en comento, solapando a estas empresas y olvidándose de proteger el bienestar de la ciudadanía, de esta comunidad. En palabras de ellos mismos, tienen facultad de otorgar permisos de funcionamiento, pero no de quitarlos. Totalmente irónico. No le demos las espaldas a nuestro pueblo cuando más lo necesita, no se trata solamente de enriquecer bolsillos, se trata de buscar al bien común para todas y todos”, expresó.

La legisladora recordó que incluso se impugnó una sanción impuesta a la granja porcícola, todo por defender dichos permisos de funcionamiento, sobreponiéndolos ante el derecho a la niñez de disfrutar de un entorno saludable.

Por estas omisiones, Baeza Martínez indicó que la iniciativa de reforma plantea que toda autoridad que tengan conocimiento de cualquier empresa, independientemente del giro de que se trate, que estén incumpliendo, infringiendo con la ley y contaminando nuestro entorno, tendrá la obligación de reportar a las correspondientes, para evitar un daño mayor. 

Además, tendrán la obligación de asesorar a las comunidades afectadas, acompañarlas, guiarlas y proporcionales todas las herramientas, en pro de sus derechos.

“En el tema de la reubicación de esta granja en la comisaría de Santa María Chi, con esta iniciativa estaríamos ante la vigilancia constante y continua, para que no se repita toda esta contaminación y daño a nuestro ecosistema, y reportarlo a las autoridades en la materia que tenga facultades en el asunto”, aseveró en su discurso.

Finalmente, la morenista resaltó que el giro comercial que representan las granjas porcícolas en Yucatán es una de las principales fuente de ingresos para las familias, por lo tal no se pueden cortar de raíz estos empleos pues se trata de un derecho humano, que debe ser respetado y garantizado. 

“Pero estamos convencidos de que se puede conciliar la producción porcícola con la protección del  medio ambiente”, concluyó la diputada.