El gobierno estatal no transparentó cómo y cuánto dinero ejerció para atender las recomendaciones para combatir la violencia feminicida.

Por Lilia Balam

Mérida, Yucatán, 29 de enero de 2019.- Hasta la fecha, el gobierno de Yucatán no habría enviado a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) la información sobre los recursos públicos destinados a atender la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en el territorio, según consta en el portal de la mencionada dependencia de la Secretaría de Gobernación (Segob).

A pedido de diversas organizaciones civiles, la Conavim requiere a las administraciones de los estados en los que se ha solicitado la AVGM que transparenten los gastos que realizaron para cumplir con las recomendaciones para combatir la violencia feminicida. Sin embargo, hasta la fecha únicamente 13 entidades han reportado detalladamente cuántos recursos emplearon para dicho proceso, siete han mandado documentación incompleta y seis no han dado a conocer estos datos, entre ellas Yucatán.

Como se recordará, en junio de 2017 académicas y activistas yucatecas pidieron al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) que se decretara ese mecanismo, ante el aumento de casos de violencia contra las mujeres y los feminicidios. Tras la aprobación de la solicitud, un grupo de trabajo conformado por funcionarias e investigadoras elaboró un diagnóstico que incluyó diez recomendaciones que la administración estatal debía acatar en un plazo de seis meses, o de lo contrario la Alerta sería activada.

El pasado 21 de marzo de 2018 fue entregado el informe de las acciones realizadas por el entonces Ejecutivo para hacer frente a este flagelo y finalmente, el 2 de agosto de aquel año, la Segob dictaminó que la AVGM no era procedente en Yucatán, dado que el gobierno estatal “emprendió acciones relevantes” para cumplir con las recomendaciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

No obstante, un mes antes, específicamente el 18 de julio de 2018, la Conavim solicitó vía oficio al entonces gobernador Rolando Zapata Bello, que enviara la documentación en la que se detallaran los gastos que su administración ejerció para atender la solicitud de la AVGM, con la finalidad de que los archivos fueran publicados en el portal de la Comisión, “en virtud del principio de máxima publicidad y de la política de gobierno abierto, con la finalidad de transparentar el uso de los recursos públicos”.

El objetivo era que se diera a conocer de manera pública los montos, año de ejecución, proveedores y productos finales durante el proceso de implementación de las recomendaciones.

El exmandatario hizo caso omiso, por lo que el 5 de septiembre del año pasado la Conavim envió una carta de seguimiento, pidiendo de nuevo los archivos con la información sobre el manejo de los recursos.

Ante la nula respuesta, la Comisión mandó un tercer oficio el pasado 5 de octubre, esta vez dirigido al actual mandatario, Mauricio Vila Dosal,  solicitando una vez más los documentos con los detalles de la inversión realizada para cumplir con las recomendaciones para combatir la violencia contra las mujeres. Fue hasta el 31 de octubre que la ahora secretaria de las Mujeres, María Herrera Páramo, contestó por correo electrónico que “en breve” se respondería a la petición.

A pesar de ello, en el portal de la Comisión no se ha publicado dicha información. Es decir, hasta el momento se desconoce cuántos recursos públicos se ejercieron durante un semestre en el gobierno de Zapata Bello para atender las recomendaciones de la Alerta. No se sabe en qué se gastó ni cómo se usó el dinero, tampoco qué tipo de servicios o qué talleres de capacitación se contrataron.

Al igual que Yucatán, los estados de Campeche, Colima, Morelos, Oaxaca y Tabasco carecen de documentos que transparenten los gastos realizados para cumplir con los requisitos de la solicitud de la AVGM.

Las entidades que enviaron reportes incompletos o sin el formato adecuado fueron Chiapas, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Veracruz, Zacatecas y el Estado de México; mientras que los gobiernos de Baja California, la Ciudad de México, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala ya cumplieron con la mencionada disposición en materia de transparencia.