Representantes de los partidos políticos lamentaron que por no cumplir con liquidar adecuadamente al trabajador y por violentar sus derechos laborales, se está cometiendo dicho detrimento a las finanzas del instituto.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 29 de septiembre de 2022.- Por despedir injustificadamente a un trabajador durante la gestión de Lourdes Rosas Moya, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) está obligado a pagarle 4 millones 546 mil 194.24 pesos, ya que el afectado ganó un laudo ante el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Ayer en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó adecuar el presupuesto de egresos para dar cumplimiento con dicho pago,  luego de la resolución emitida en el juicio reclamatorio laboral 231/2014.

El consejero presidente, Moisés Bates Aguilar, explicó que el laudo fue un tema que inició hace aproximadamente siete años y correspondió al Consejo actual acatar la resolución de la autoridad competente al respecto.

Dijo que el laudo se pagará utilizando un millón de pesos reservado por la administración anterior para apoyar en la pandemia de Covid-19 , además de que  se hicieron adecuaciones presupuestales en las diferentes áreas operativas del instituto.

En la sesión extraordinaria, que por fin se realizó de manera presencial, representantes de partidos políticos lamentaron que por no cumplir con liquidar adecuadamente al trabajador y por violentar sus derechos laborales, ahora se está cometiendo otro detrimento a las finanzas del Iepac.

En ese sentido, la representante del PRD, Erika Moreno, exhortó al consejero presidente Moisés Bates a que haga conciencia de las repercusiones de tomar este tipo de determinaciones que le cuestan a los ciudadanos, para que no repita los mismos errores.

Por su parte, el morenista Juan Pablo Silva declaró que se trata de un “duro golpe al patrimonio del Iepac que duele”, por lo que habría que analizar la viabilidad de solicitar que se investigue y sancione a quien “por descuido” provocó ese daño.

Cabe mencionar que el árbitro electoral deberá pagar los 4.5 millones de pesos a José Luis Alvarado Góngora, quien se desempeñaba como jefe de Servicios Generales y que fue despedido injustamente en el año 2014.