El senador del Partido Verde lamentó que mientras en el resto del país se le quitan las pensiones y las protecciones a expresidentes, en Yucatán se aprobó una reforma exprofeso para que Vila tenga más guardaespaldas cuando deje su encargo.

Por Redacción

Mérida, Yucatán, 21 de junio de 2024.-El senador del Partido Verde, Jorge Carlos Ramírez Marín, catalogó como ridículo y un exceso que el gobernador Mauricio Vila Dosal  cuente con ocho escoltas y con la posibilidad de que ese servicio de seguridad sea por tiempo indefinido cuando finalice su encargo, luego de la reforma aprobada ayer en el Congreso del Estado.

En entrevista para Haz Ruido, declaró que le parece penoso que la protección de un personaje tenga que correr a cuenta del Estado después de que deje su cargo. En ese sentido, lamentó que el presupuesto de Yucatán se destine a cuidar a exfuncionarios y a sus familias, en vez de usarse para la seguridad de la ciudadanía.

Como hemos informado, el Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para aumentar el número de escoltas para el gobernador en turno, así como para el Fiscal del Estado y el titular de la Policía Estatal. Además, podrán contar con estos cuerpos de seguridad por tiempo indefinido al terminar sus encargos actuales, en caso de solicitarlo.

Y es que con la modificación al artículo 47, se duplicará el número de elementos y recursos materiales y financieros para la seguridad del gobernador, pues precisa que mínimo contará con ocho escoltas, dos vehículos y viáticos a costa del erario público, cuando antes eran cuatro guaruras y un automóvil.

Al respecto, Ramírez Marín señaló que es absolutamente ridículo y un intento de Vila de querer compararse con lo que sucede en países de primer mundo en donde se destina mucho dinero en la protección de sus funcionarios.

“Me parece un exceso, pues mientras en el resto del país le quitamos pensiones y protecciones a los expresidentes, aquí un exgobernador va a contar con el presupuesto del Estado para seguir con su protección”, precisó.

Dijo que le parece absurda esta medida, sobre todo porque Yucatán no le debe nada a sus exfuncionarios. 

Ramírez Marín indicó que esta reforma es exprofesa para que Vila Dosal no pague por su protección cuando llegue al Senado de la República, ya que se añadió un párrafo a la Ley que indica que en caso de que algunos de los funcionarios, al término de su mandato, inmediatamente desempeñará un cargo público o de elección popular en territorio nacional fuera de Yucatán, contará con cuatro escoltas y dos vehículos adicionales a lo previsto. 

“He tenido la suerte de tratar con expresidentes y no tienen ocho escoltas; he tenido la suerte de tratar con exfuncionarios financieros mundiales y no tienen escoltas, algunos incluso manejan su propio coche. Me parece ridículo que Vila tenga que endilgar sus guardaespaldas al erario público de Yucatán”, recalcó.

Ramírez Marín también cuestionó por qué Vila requiere tantos escoltas y en dónde los va a poner en el Senado, ya que en ese recinto no dejan pasar a personas armadas. Por tal razón, advirtió, sus guaruras tendrán que quedarse afuera.

“Todas las personas tienen derecho de desconfiar de lo que quieran desconfiar, de temer lo que quieran temer, es absolutamente justo que se le otorgue la protección que quieran, pero que lo paguen ellos. Si tienes miedo por ti y tu familia, págalo”, sostuvo. 

El legislador declaró que Vila quiere exagerar en el poder incluso cuando ya no lo tenga. Además, dijo que es la primera vez que sucede, al menos de manera pública, que un exgobernador vaya a contar con tantas escoltas.

“Yo me he encontrado con el exgobernador Rolando Zapata Bello en el avión y nunca lo he visto con más guardaespaldas que Sergio Vadillo (su exjefe de Despacho) y no creo que el Gobierno le pague para protegerlo”, señaló en tono de broma.

Por cierto, de acuerdo con las consideración del dictamen que se aprobó, el objetivo de robustecer el servicio de escolta pública brindado a las autoridades se debe a que “sus decisiones sobre los intereses de los particulares continúan aun cuando ya no ejercen funciones públicas, enfrentando constantemente riesgos a su integridad (sic)”.