El diputado Gaspar Quintal sostuvo que el Estado debe impedir prácticas de los fedatarios públicos que atentan en contra del patrimonio de las familias yucatecas, como por ejemplo, el delito de despojo de tierras ejidales.

De igual forma propuso la obligación para las notarías de aplicar una tarifa social con precios bajos para las personas de escasos recursos.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán. 30 de marzo de 2022.- Luego de que el Congreso del Estado aprobó que aumente el número de notarías públicas en Yucatán, el coordinador de la bancada del PRI, Gaspar Quintal Parra, presentó una iniciativa que plantea imponer sanciones penales más severas a los notarios que violen la ley haciendo uso de sus atribuciones, como en los casos de despojo de tierras ejidales.

Su propuesta para cambiar la Ley del Notariado de igual forma busca establecer  la obligación para las notarías de aplicar una tarifa social con precios bajos para las personas de escasos recursos, sobre todo de quienes viven en los municipios del interior del estado.

“Estamos del lado de los que menos tienen y con la tarifa social pagarán 50 por ciento menos de los honorarios por los servicios de los notarios, sin considerar los pagos de patentes y derechos. Esta tarifa aplicará cuando el costo del trámite represente al menos un 30 por ciento de lo que el ciudadano gana al mes, siempre que acredite carencia de recursos económicos”, sostuvo desde la Tribuna del Pleno.

De nuevo, Quintal Parra declaró que se requiere una reforma de gran calado para priorizar la función social de los fedatarios y dejar atrás la visión de un negocio con jugosas ganancias económicas. De igual forma señaló que se tiene que garantizar la actuación honesta de quienes ejercen esta actividad.

“El Estado debe imponer límites e intervenciones a prácticas que atentan en contra del orden social por parte de fedatarios públicos y peor aún, en contra del patrimonio de las familias yucatecas, mediante la facultad punitiva, considerando una a mayor atención en la vigilancia de la actuación notarial, derivado de situaciones relacionadas al despojo de tierras ejidales, lo cual debe ser considerado delito grave y a los involucrados ser debidamente sancionados conforme a derecho”, explicó.

Por tal razón, su iniciativa también contempla modificar el Código Penal para imponer de cuatro a ocho años de prisión, una multa de 200 a 360 Unidades de Medida de Actualización (UMA) y la cancelación definitiva de su patente, al notario público que en el ejercicio de sus funciones viole la ley. Del mismo modo, a la persona que lleve a cabo delitos usando servicios notariales, proporcionando al notario información o documentos falsos, se le impondrá una pena de tres a seis años de cárcel y multa de 100 a 300 UMA.

El legisladora priísta abundó que serán sancionado el notario que expida una certificación de hechos que no sean ciertos o que por engaño o sorpresa hagan que alguien firme un documento público que no habría signado sabiendo su contenido.  En este último caso se consideraría una agravante si el afectado es una persona mayor a 60 años de edad.

También será castigado si falsifica instrumentos o documentos dando cuenta de actos inexistentes; si se atribuye a él mismo o a un tercero un nombre, investidura, calidad o circunstancia que no tenga y que sea necesaria para la validez del acto al extender un documento; o si formaliza o da fe de algún acto que implique la comisión de un hecho delictivo, siempre que haya conocido la ilicitud del acto de manera previa a la formalización o que conociera el uso indebido que se pretendía dar posteriormente al documento expedido por él.

En los casos en que el notario partícipe certificando actos que pudieran considerarse fraudes de tierras o patrimoniales, será sujeto a sanciones y si el fedatario tenía conocimiento de que el inmueble es propiedad de otras personas, la sanción aumentará en una mitad.