La iniciativa de la diputada Alejandra Novelo busca castigar a los servidores públicos que difundan información, fotos o videos que menoscaben la dignidad de las personas víctimas de delitos o impidan que accedan a la justicia. 

Por Redacción

Mérida, Yucatán, 22 de noviembre de 2023.-La diputada de Morena Alejandra Novelo Segura presentó una iniciativa para sancionar hasta con 10 años de cárcel a los servidores públicos de Yucatán que filtren información, fotografías o videos que menoscaben la dignidad de las personas víctimas de delitos, principalmente a las mujeres que haya sido asesinadas. 

Su propuesta contempla que la pena se agrave en un tercio cuando la finalidad del acto sea perjudicar la integridad de la víctima o sus familiares; cuando las filtraciones sean de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes; o bien, se divulgue las circunstancias de la muerte, las lesiones, el estado de salud o emocional de las víctimas.

“Las violencias contra las mujeres por desgracia no acaban cuando son asesinadas, en ocasiones, se filtra información, imágenes, detalles de la vida o el estado emocional y de salud de las víctimas, como lo fue el caso del feminicidio de Ingrid Escamilla Vargas, en el que imágenes del expediente judicial fueron difundidas en diversos medios de comunicación”, ejemplificó.

Recordó que a raíz de este lamentable caso, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México presentó al Congreso de dicha entidad una iniciativa de ley para sancionar este tipo de conductas. Dado el clima generalizado de violencia contra las mujeres, esta iniciativa ha sido retomada en Jalisco, Quintana Roo, Puebla y Querétaro, y ya es una conducta delictiva en el Código Penal Federal, así como en Colima y Oaxaca.

Al proponer que se replique esta reforma en Yucatán, Alejandra Novelo explicó que se sancionará la divulgación de imágenes, videos o información relacionados con actos delictivos que tienen como consecuencia vulnerar la dignidad de las víctimas, e incluso ponen el riesgo la investigación. Es por ello que se adicionará el tipo penal en el apartado correspondiente a los delitos contra la administración de justicia o los delitos cometidos por servidores públicos. 

“Se busca que cuando todas las protecciones que se han construido fallen, y exista una víctima de violencia en razón de género, y alguna persona servidora pública busque minimizar las violencias, denigrar a las víctimas o sus familiares, exista una sanción, de manera de ofrecer la mayor protección posible a la dignidad de las personas”, abundó.

La morenista propuso sancionar con cinco a diez años de prisión, destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, así como de 150 a 300 días multa al servidor público que entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, información reservada, documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, las condiciones personales de las víctimas, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos con uno o varios hechos, señalados por la Ley como delitos.