“El Código Penal de Yucatán no está adecuado con la realidad social de las víctimas, ya que muchas no pueden acudir a denunciar porque viven con sus agresores”, explicaron las estudiantes impulsoras de la iniciativa. 

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 2 de diciembre de 2021.- Las estudiantes de la licenciatura de Derecho, Alejandra Koyoc González y María Fernanda Ronzón Nabté, presentaron una iniciativa para reformar el Código Penal de Yucatán con la finalidad de que el delito de violencia familiar se persiga de oficio, es decir, que las mujeres víctimas no estén obligadas a interponer o ratificar su denuncia para que la Fiscalía General del Estado (FGE) investigue y castigue a los responsables.

Explicaron que, en la mayoría de las ocasiones, las mujeres víctimas de violencia de género no pueden acudir a la Fiscalía a denunciar a su agresor porque conviven con él todos los días en la misma casa, o porque han sido amenazadas y tienen miedo de las repercusiones.

“El Código Penal no está adecuado con la realidad social de las víctimas, no contempla todos los factores involucrados en la violencia familiar y, por lo tanto, no se les garantiza la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, sostuvo Alejandra.

La estudiante señaló que la propuesta, la cual ya fue entregada en el Congreso del Estado, busca adicionar párrafos al artículo 228 del mencionado Código que establezcan que el delito se persiga de oficio y la víctima no tenga que presentar una querella contra su agresor. 

“De enero a octubre de este año se presentaron 864 denuncias por violencia familiar en Yucatán, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, pero también hubo 3 mil 172 llamadas al número de emergencias relacionados con ese delito. Es decir, no coinciden los datos porque la mayoría de las víctimas no acude a denunciar, eso nos reafirma las condiciones adversas en las que están”, recalcó.

Por su parte, María Fernanda informó que su iniciativa también propone que se aumente hasta una mitad las penas en contra de quienes cometan violencia familiar a menores de edad, mujeres embarazadas, personas mayores de 70 años o que tengan alguna discapacidad.

Recordó que actualmente el Código Penal contempla que se investigue de oficio ese delito únicamente cuando las víctimas pertenezcan a esos grupos vulnerables, pero indicó que debería ser igual para todas las mujeres violentadas.

“Además estamos proponiendo que otras personas puedan denunciar, por ejemplo, los familiares. En muchas ocasiones la madre, las hermanas o las primas pueden ver que personas cercanas están sufriendo violencia familiar y no pueden ir a la Fiscalía a denunciar al agresor, ya que tiene que hacerlo la víctima y ratificarlo 10 días después”, abundó.

Sobre esta iniciativa, la abogada Emiré Negrón, fundadora de Acción Jurídica Feminista, destacó que se plantea elevar las penas por violencia familiar, ya que eso serviría para compensar cuando un juez no tipifica correctamente el delito de feminicidio en grado de tentativa. 

“Es importante que haya sanciones altas para reconocer la gravedad de los delitos”, enfatizó la activista.

Por último, informó que la propuesta de reforma, elaborada por las estudiantes Alejandra Koyoc y María Fernanda Ronzón, será analizada en breve en la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso del Estado.

“Estamos posicionando que es una iniciativa que ellas hicieron y, al final de cuentas, la bancada o la diputada que la presente estará siendo un puente de comunicación”, sostuvo Emiré.